Razones para esperar el fin del conflicto armado en Colombia

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mauriciomolinaPor: Mauricio Molina Molina

En la compleja red de problemas colombianos, el conflicto armado ocupa un lugar preponderante,

dada su duración y efectos sobre la sociedad, la economía, la política y la cultura. El Estado colombiano ha enfrentado este conflicto por décadas, con altísimos costos en: vidas humanas, lisiados, desplazados, victimas, daños ambientales, bajo desarrollo humano y económico, deterioro del tejido social y pobre desarrollo estatal y democrático, por mencionar solo algunos.

La respuesta militar por parte del Estado ha prevalecido sobre otras en la duración del conflicto armado, al cual se le han dado esporádicos intentos de resolverlo por la vía dialogada con más fracasos que éxitos. Los señores de la guerra de ambos lados, la guerrilla y los gobiernos de turno, siempre han encontrado la complicidad de sectores sociales interesados (beneficiados) en continuar la guerra, esto sin la oposición  de una sociedad civil que ha brillado por su ausencia o ha sucumbido a la fuerza, el terror y la violencia de los actores.


En el actual proceso de diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano, hay elementos que dan signos de esperanza sobre un resultado positivo:
•    La correlación de fuerzas en el campo militar y político, está a favor del Estado y sus fuerzas militares.
•    Los diálogos se realizan fuera del territorio nacional.
•    No hay cese al fuego durante los diálogos, el Estado no renuncia a su deber de combatir a la guerrilla y asume los costos,  como ha sido siempre y hasta ahora, del accionar armado de ella, mientras se logra un Acuerdo General.
•    La agenda acordada es corta, clara, precisa, pertinente y su ejecución, corresponde al mandato de todo Estado Social de Derecho.
•    El título de la agenda acordada señala los alcances mismos de los diálogos: “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Se trata de la terminación del conflicto armado como la base necesaria para construir la paz. Un país sin conflicto armado, no es necesariamente un país en paz.
•    El principio que rige las conversaciones: “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es una salvaguarda que exige a las partes un Acuerdo General y les excluye la posibilidad de cualquier logro parcial que pueda ser revindicado por una de ellas.
•    Solo vale lo que se diga y se acuerde en la Mesa de Conversaciones, lo demás son pronunciamientos unilaterales de los negociadores.
•    El acuerdo parcial anunciado sobre el primer punto de la Agenda: Política de Desarrollo Agrario Integral, es un hito, pues constituye una de las banderas que siempre ha enarbolado las FARC durante su existencia, para mantenerse en armas.
•    Es la primera vez que las FARC aceptan incluir en una agenda de negociación con un gobierno, puntos referidos al cese al fuego bilateral y definitivo, y a la dejación de las armas, en la perspectiva de una reincorporación de sus miembros a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses.
•    El reconocimiento del gobierno de la existencia del conflicto armado y de uno de sus actores como interlocutor válido, en la búsqueda de ponerle fin a la confrontación, sitúa el problema en la perspectiva justa de su resolución. Se trata entonces de la vigencia de una racionalidad, más cercana a los compromisos de un Estado Social de Derecho.
•    La Ley de Justicia y Paz (Ley 1592 de Diciembre de 2012) y la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de Junio de 2011), se constituyen en avanzadas jurídicas y políticas de un posible Acuerdo General para poner fin al conflicto armado, y más aún, en el desarrollo de políticas públicas, que han puesto en marcha desde ya, la fase del posconflicto y la necesaria construcción de la paz.
•    Los avances registrados hacia la aprobación final de una iniciativa gubernamental, que abre la posibilidad de una refrendación de los eventuales Acuerdos entre el Gobierno y las FARC, por la vía del Referendo, anticipan la necesaria legitimación social y la expresión de la vocación popular hacia la paz y la reconciliación nacional.
•    El consenso internacional de apoyo al proceso, es un estímulo y base para construir mayor apoyo interno, trascendiendo las fronteras de la coyuntura política electoral colombiana.
•    La sociedad civil, siempre en construcción, y la población en general, reclaman cada vez más en distintos escenarios, el cumplimiento del derecho constitucional de vivir en paz.
•    En términos económicos (para los que solo miran desde esta óptica), es más costosa la guerra que construir la paz con justicia y equidad social.

Como analista y académico no desconozco los obstáculos ni los enemigos del proceso y sus argumentos, pero me niego a ser estigmatizado de ingenuo, incauto y hasta cómplice de las guerrillas o gobiernista y traidor, solo por atreverme a vislumbrar que otra Colombia es posible.

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