Colombia: un compromiso con la memoria en medio del conflicto

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JesusyMauricioPor: Jesús David Girado y Mauricio Montoya

Colombia es un país con uno de los conflictos armados,

no solo más antiguos, sino de mayor desgaste e intensidad, de los que se tiene referencia hasta el momento. Dicho país ha vivido por más de cuatro décadas en confrontaciones armadas que han sufrido mutaciones con el correr del tiempo; desde la violencia de partidos tras la muerte del líder populista Jorge Eliécer Gaitán (1948), han ido apareciendo distintos actores armados entre los que se cuentan tanto movimientos guerrilleros de tinte socialista, fuerzas paramilitares apoyados por sectores de extrema derecha, como carteles del narcotráfico. Dicho  fenómeno de mutación empieza a ser evidente cuando a partir de los años 80’s y 90’s, gran parte de estos grupos no sólo se desentienden de asuntos ideológicos, sino que a su vez recurren al terrorismo para conseguir la desestabilización de la sociedad y las instituciones del Estado. Es entonces a partir de este panorama que no sólo se empieza a considerar la  modificación del léxico para la comprensión de los fenómenos de violencia, sino que también se revisan las estrategias de solución que con el tiempo tienden a transformarse, cruzando de la estrategia posibilitadora del diálogo hacia la compleja figura de la acción militar.   

Ahora bien, durante todo este prolongado conflicto el enfoque de la sociedad y a la vez el de las instituciones casi siempre estuvo dirigido hacia la figura de los combatientes, relegándose así  el deber de una memoria ejemplar que no sólo hiciera posible la visibilización de  las víctimas, sino que por esta vía sentara las bases para un derecho a la justicia restaurativa que a su vez brindara garantías de no repetición de actos delictivos o atroces en su contra. Sin embargo, solo hasta el año 2005 se aprobaría en Colombia un modelo de justicia transicional mediante la Ley 975 (Ley de Justicia y Paz), la cual daría lugar a la aparición de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), a partir de la cual se empezarían a desarrollar procesos de reconstrucción de memoria histórica, gracias a la consolidación del área de investigación en memoria, la cual se encargaría de seleccionar casos emblemáticos de victimización y a su vez de proporcionar las estrategias metodológicas de manera que las mismas comunidades (víctimas) lograsen construir, con apoyo especializado, sus propios informes.1 


No obstante, es de anotar que leyes como la citada (975) han generado también gran controversia, debido a que: primero, no sólo pretende “reparar el bote en altamar”, en cuanto que es una propuesta de justicia transicional sin transición –debido a que Colombia no está en un posconflicto-; y segundo, porque parece ser una solución parcializada en tanto que claramente tiende a centrarse más en los hechos victimizantes de uno de los actores del conflicto (los paramilitares);  sin embargo, a pesar de estos señalamientos, subraya el presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro:


Se trata de una ley sin antecedentes en Colombia y, probablemente, en el mundo. Sin antecedentes en Colombia, pues mediante este novedoso modelo de justicia nació la conciencia nacional la figura de la víctima como portadora de derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación […] Se reivindicaron los derechos de las víctimas como una herramienta fundamental para cerrar las heridas y coadyuvar a la reconciliación nacional [...] Sin antecedentes en el mundo, pues todas las experiencias de justicia transicional o restaurativa se han desarrollado, con múltiples altibajos, ya sea en contextos de pos-dictadura [..] en contextos de pos-conflicto [...] o, en el caso de Sudáfrica, en un contexto de pos-apartheid. 2


Cabe resaltar que como reacción a las críticas referidas a la Ley de Justicia y Paz (975 / 2005), se ha debatido y sancionado en el congreso una nueva ley de víctimas (1448 / 2011), buscando garantizar de manera más amplia derechos a todas aquellas personas que hayan sido objeto de un hecho victimizante en el contexto del conflicto armado y renovando el compromiso del Estado al momento de crear un marco de justicia restaurativa, donde el punto de partida sea el acceso a la verdad mediante la reconstrucción de la memoria histórica. No obstante, disposiciones como éstas no han dejado de generar un debate en torno a si es posible hablar de memoria histórica en un país que se encuentra en medio de un conflicto o, más aún, si puede hablarse de justicia restaurativa como acceso a la verdad y la reparación de las víctimas, cuando aún hoy los victimarios siguen vigentes y a las víctimas se les ha puesto periodo de caducidad. 3


En este horizonte, discusiones de este tipo, referidas a la constitución de un léxico que permita definir la realidad vigente, suelen sostenerse hoy en Colombia, mientras afronta problemas como la atomización de los carteles del narcotráfico (bandas criminales) y sus consecuencias directas (fenómenos de violencia, debilitamiento institucional y corrupción), que llevan inexorablemente a debates en torno a si se reconoce o no la existencia de un conflicto armado interno, situación que ha generado oposición entre aquellos que durante largo tiempo, fundamentados en la política contra el terrorismo, sustentaban la existencia en Colombia de una “amenaza narco-terrorista”, que si se negase, según ellos, abriría las puertas a interpretaciones amañadas de las que podrían aprovecharse diferentes movimientos para el reconocimiento y reclamo de un estatuto de beligerancia; argumentos que, en síntesis, ponen en jaque la aplicación de la  ley de víctimas y restitución de tierras, al apelar como en la mayoría de los casos, al protagonismo de los combatientes y a la invisibilización de las víctimas.


No obstante, el debate resulta útil si gira, no simplemente en torno a una cuestión de juegos de poder e imposición de léxicos, sino alrededor de las implicaciones que conlleva la aplicación de los parámetros internacionales, para efectos de reconocer  la importancia de comprometerse en la construcción de una memoria ejemplar; la cual es condición de posibilidad para la visibilización del universo de las víctimas, la creación y aplicación de un modelo justicia restaurativa y las garantías de no repetición de las violaciones a los Derechos Humanos; en este sentido, sería pertinente que el Estado y la sociedad colombiana se preguntaran, mientras se define el léxico y se combate a los grupos armados y/o carteles,  ¿qué pasa con las víctimas? ¿Seguirán siendo invisibilizadas? ¿Está la sociedad colombiana preparada para comprometerse con el logro de una memoria ejemplar y la construcción de un modelo de justicia restaurativa para las víctimas?


Así entonces, temas como el de los debates recientes en torno a la memoria histórica han de consolidarse más que como una disputa excluyente y parcializada, como un catalizador que, en vez de polarizar, consolide la reconstrucción del tejido social, la recuperación de la verdad histórica y la implementación de una justicia restaurativa que además de resarcir, simbólica o económicamente, brinde la oportunidad de tener voz a todas aquellas víctimas silenciadas por el terror durante tanto tiempo.
En este sentido, se debe señalar que la importancia de la memoria histórica reside en que ésta se convierte en el medio ideal para lograr  un ambiente o sentimiento social de liberación con respecto a los dañinos efectos del miedo y  la venganza; así mismo, es el camino a través del cual se concretiza el compromiso social con la no repetición de los actos de crueldad o los patrones de violencia que produjeron tragedias que hoy buscan superarse.


En suma, la apuesta por el logro y el cuidado de una memoria ejemplar, de cara a distintos mecanismos de imposición del olvido, es fruto de los principales valores e ideales que dan sentido y justifican a la democracia 4 . Entre estos valores pueden contarse en primera instancias la tolerancia, en cuanto que ésta es más que un simple antídoto a los choques entre las distintas versiones de los hechos, a la vez que es el valor democrático por excelencia dada su concepción y toma de conciencia frente a un mundo claramente plural y por tanto generador de conflictos; en un segundo lugar, puede también reseñarse como ideal el rechazo de la violencia, derivado éste de la misma tolerancia y en estrecho vínculo con una actitud responsable frente al disenso, que posibilite acuerdos por vía del recurso argumentativo y no por las vías de hecho. Finalmente, quedan por enunciar aspectos como los del compromiso con el mejoramiento gradual de nuestras formas de vida e ideales como el de la misma fraternidad, ambos reconocidos como catalizadores que hacen posible el libre debate de las ideas y a su vez la construcción de escenarios de reconciliación, al tiempo que se presentan como un desafío histórico-político, en cuanto que como actores, al reconstruir nuestras memorias, no sólo nos percatamos de nuestros lazos comunes, sino que a su vez comprendemos el sentido que cobra el pasado, en la medida en que pueda estar al servicio de la invención de un mejor futuro forjado en común.

Citas

1.El área de memoria histórica de la CNRR (Colombia) ha venido durante los últimos años desarrollando proyectos de recuperación de la memoria del conflicto en distintas zonas del país, dando como resultado una gama de informes entre los que pueden citarse el de Bojaya y el de la famosa masacre de Bahía portete, en ambos las víctimas serían población vulnerable y de minorías étnicas del país (Afrodescendientes y mujeres indígenas Wayúu)   
2.PIZARRO, Eduardo. “Reparar el bote en alta mar”. Ley de justicia y paz. Bogotá: Norma, 2009. p. 5.
3.La ley de víctimas y restitución de tierras (1448) ha puesto como fecha de reconocimiento de las victimas el 1 de enero de 1985, situación que ha sido avalada por diferentes grupos en el país, pero cuestionada por escritoras e investigadoras como Claudia López. Ver el debate en torno al tema en: http://www.lasillavacia.com/historia/memorias-por-construir-23429  y algunas de las respuestas en:     http://www.lasillavacia.com/elblogueo/ccaballero/23502/glosa-claudia-lopez .
4.BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Bogotá: FCE, 1997. p. 47 – 48.

 

 

Referencias

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