Drogas y ética: la vacua comprensión gubernamental del problema en Colombia

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GSPor: Gabriel Alexander Solórzano Hernández

En América Latina los políticos han vuelto a proponer el debate sobre la legalización de la droga,

históricamente la negación de tal legitimación produjo en la década de los 80 un aumento vertiginoso en la producción, distribución y consumo.

Actualmente el camino hacia la legalización es poco factible, pese a ello, los seguidores a la despenalización de las drogas consideran que ésta sería la fase conclusiva de la guerra del narcotráfico, puesto que el tráfico de drogas continúa en aumento en las principales ciudades del mundo. No obstante, desconocen la ingente tarea de los gobiernos para acabar con la producción y consecuentemente con su distribución y consumo.

Al respecto, en 2010, el Informe mundial sobre las drogas de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) , asigna una disminución del 5% de los cultivos ilícitos mundiales en 2009. Se pasó de 167.600 a 158.800 hectáreas, en gran medida al esfuerzo colombiano de erradicación. No obstante, los traficantes de nuestro país tienen la mayor producción de cocaína en los últimos años.

En el mismo informe, en cuanto a la edad de referencia de consumo de cocaína en Colombia, se disminuyó de una edad promedio de 15 años en 2004 a 12 años en 2008, situación que debería generar en el gobierno nacional una inmensa preocupación. Sin embargo, la pugna por obtener el control del tráfico de drogas, en el supuesto de legalizarse, poco o nada, tiene en cuenta los gravísimos daños causados por el uso y el abuso de éstas sustancias en los menores y en la población general. La lógica gubernamental se centra en la diminución carcelaria y en quitarles a los mafiosos el monopolio y las utilidades que ellas generan.

Ante tal situación gubernamental, surgen algunas cuestiones aplicables a tal lógica ¿Cómo controlaría el gobierno la producción, distribución y consumo?, ¿Los recursos generados por esta actividad se destinarían, como en el caso del tabaco y el alcohol, a cofinanciar el sector salud? ¿Tendría la capacidad de brindar suficientes centros de rehabilitación que presten atención y ayuda al adicto? ¿Estaría en capacidad de asumir y darle el tratamiento adecuado a las múltiples implicaciones sociales que devienen del mundo de las drogas?, ¿Aumentarían las medidas policivas para los adictos? Frente a éstas, y las múltiples preguntas que surjan del análisis que cada uno de nosotros pueda hacer del tema se propiciaría un debate ético impostergable. En este espacio sólo se ha hecho referencia a una de las denominadas “drogas duras”. ¿Qué actitud tendríamos y tendría el gobierno ante la proliferación de drogas sintéticas y virtuales, que sin necesitar tierras y cultivos, son de consumo masivo?

Otras preguntas que podrían relacionarse con las anteriormente mencionadas son: ¿Garantizaría el gobierno con la legalización y mercantilización de la droga la desaparición del mercado negro? ¿Estaría prohibida la venta de drogas a los menores de edad que son los consumidores potenciales? ¿El gobierno exportaría parte de su producción a países consumidores por excelencia como los EEUU, los de la UE y los grandes mercados latinoamericanos de Brasil, Argentina y Chile?

Recientemente en Colombia se ha debatido ética y jurídicamente de manera prematura y superficial el tema de la legalización de las drogas, sin tener en cuenta las implicaciones económicas, sociales y políticas que de ella derivan. Prueba de ello, es la  propuesta de la Señora ministra de justicia Ruth Stella Correa quien plantea despenalizar la dosis mínima de drogas sintéticas. La distancia entre despenalizar y legalizar tiende a acortarse, no sólo, para las drogas sintéticas sino para aquellas consideradas “drogas duras” debido, entre otras, a la creciente oferta y demanda en el ámbito ilegal, a la tendencia mundial de despenalización y al hacinamiento carcelario en nuestro país. Si en efecto, la medida gubernamental busca descongestionar la aglomeración en el sistema carcelario colombiano, en aras de la “homologación” de las drogas, una cuestión simple surge al inferir la realidad social del país en cuanto al precario sistema de salud, puesto que la calidad en el mismo no está garantizada, entonces ¿cómo mantener a los adictos bajo un tratamiento adecuado en los hospitales y clínicas del país?, que dicho sea, es de cobertura sin calidad, como afirmara en junio de 2011 la directora de la organización panamericana de la Salud, Mirta Roses Periago .

En tal sentido, la propuesta de la Señora Ministra es ambigua puesto que se puede considerar al adicto como potencial delincuente o como un sujeto que demanda un tratamiento terapéutico especializado. Frente a la discusión generada por iniciativas como la “homologación”, la despenalización de la marihuana o legalización de las drogas, y sus consecuencias en materia social, política y económica, podría pensarse en una “reflexión moral de las drogas” o una evaluación desde la perspectiva crítica social del mundo de las drogas, vista en los efectos individuales y sociales que genera la producción, distribución y el consumo, entre los que se encuentran: la pobreza, el conflicto en sus múltiples manifestaciones, la adicción, la desintegración familiar, la anorexia educativa, entre otras.

La tarea de esta ética o reflexión moral  podría interpretarse desde los principios clásicos de la filosofía moral o se debería implementar, con estos principios, una nueva reflexión ¿qué nos debería enseñar en cuanto al uso y abuso de las drogas? ¿Qué tipo de comprensión deberíamos tener frente al sujeto consumidor, quien a temprana edad accede al mundo de las drogas? ¿Sería entendido éste como un enfermo o un potencial delincuente? Serviría para tal fin, retomar los ideales clásicos del discurso eudaimónico de la vida buena, pese a que estas cuestiones son propias de nuestro tiempo. Estaría basada la reflexión moral moderna del imperativo categórico kantiano; en la antiquísima regla de oro de hacer a los demás lo que se quiere de ellos para uno; en la teoría moderna de los deberes a la manera de Hugo Grocio y Samuel Pufendorf de los deberes hacia uno mismo, hacia Dios, hacia la familia y hacia la sociedad, o en hacer valer los derechos. En suma, teniendo en cuenta el  deontologísmo y la teleología de los actos humanos.

Tal reflexión ética, ayudaría a esclarecer, si la acción moral tras la legalización de las drogas contribuye  o no, a la creación y consolidación de  una  sociedad más justa, ayudando además a menguar los conflictos, a fortalecer el carácter autónomo de los individuos y a tener un gobierno que cumpla sus funciones.

Las objeciones a lo anteriormente planteado serían muchas, habrá quienes en uso de su libertad cuestionarían y censurarían las acciones gubernamentales que tiendan a constreñir el libre desarrollo de la autonomía individual. Puesto que para ellos la única forma de obrar consiste en hacer lo que quieran siempre y cuando sus actos no afecten a terceros como el consumo de drogas. Lo cierto es que, cualquier acción individual termina afectando a la sociedad.

 Frente a esta forma de interpretar la libertad bajo la premisa de la autonomía racional y teniendo en cuenta las edades en que los niños colombianos están accediendo al consumo de drogas blandas y duras, surgen cuestiones que propiciarían el debate, ¿Es justificable que también los niños participen del mundo de las drogas? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de comprensión se debería tener al saber que estos pequeños llevan entre sus útiles escolares la dosis mínima permitida? ¿Qué tipo de comprensión deberíamos tener frente a los infantes que son consumidores activos, sin importar su edad biológica y su carente autonomía? Ante tales interrogantes, algunos libertarios alegarían que en todas las sociedades hay y ha habido uso y abuso de substancias estimulantes (simpaticomiméticos) y depresores del sistema neuronal, que podrían causar daños graves al individuo, a su familia y a la sociedad. Para ellos, la decisión de consumo es totalmente autónoma, aunque tal independencia sólo se refleje en la mayoría de edad. Finalmente, justificarían la problemática de las drogas en el tratamiento médico y tal situación de adicción, sólo podría ser tratada por el especialista en salud.

Análogamente la reflexión libertaria coincide con el vacuo planteamiento de la ministra de justicia, pues al disminuir los presos en las cárceles colombianas, se estaría trasladando el problema al sector salud. Es decir, se desocuparían las cárceles a costa de tener esclavos dependientes de las drogas, sin la adecuada y necesaria infraestructura para su tratamiento, tanto en cárceles como en hospitales.

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