Reflexiones sobre el proceso de negociación de paz con las FARC

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LGPPor: Luis Guillermo Patiño Aristizabal

 

Algunos aspectos positivos, alertas e interrogantes

Aspectos Positivos:


El proceso de negociación que actualmente adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, es sin duda una apuesta interesante para terminar con más de 50 años de conflicto en Colombia. Sin discusión requiere de todo el apoyo institucional, de la confianza de la nación colombiana y del acompañamiento de toda la comunidad internacional para desactivar el conflicto y a uno de los grupos armados que más violencia ha generado en el país como las FARC.

La experiencia internacional ha mostrado que el 82% de los conflictos internos y  las guerras civiles libradas en los Estados durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, han terminado con la firma de un tratado de paz y no con una derrota militar total del adversario, la cual se ha dado solo en el 18% de los conflictos. Se negocia fundamentalmente por varias razones: la imposibilidad de derrotar al adversario, por la presión internacional, la derrota inminente del adversario o por su deslegitimación. De allí, que estas razones sean fundamentales a la hora de sentarse en la mesa con el oponente y de llegar a los acuerdos finales.

No podemos olvidar que un proceso de paz es una negociación política que implica una lucha por el poder, el reconocimiento del adversario, algún grado de impunidad y la posibilidad de ganar en algunos aspectos, y ceder en otros ámbitos de la negociación. Es importante anotar que el reconocimiento que hace el gobierno del conflicto interno colombiano y el inicio de los diálogos con la guerrilla le da a las FARC un estatus político que le permite acceder a los beneficios políticos, jurídicos y sociales que se desprenden de este tipo de procesos y que van más allá de una simple desmovilización y reincorporación a la vida civil de sus combatientes.

El Estado de la mano de la sociedad civil debe garantizar el éxito de esta negociación y sortear con decisión los obstáculos de este tipo de procesos para obtener finalmente el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la desarticulación de las FARC, la reparación material, moral y simbólica de las víctimas, el establecimiento de la verdad, un equilibrio entre aplicación de justicia y paz para evitar impunidad, y la reconstrucción social para un postconflicto exitoso.


Algunas Alertas e interrogantes que se deben considerar en el proceso de negociación con las FARC en Colombia y Antioquia:


El proceso de paz es una apuesta interesante del gobierno nacional, pero no exenta de muchos peligros para su éxito y para la propia estabilidad de la sociedad colombiana:


•    El país no olvida las consecuencias de una negociación sin objetivos claros como la del Caguán, donde por el anhelo de mantener a toda costa una negociación sin un norte claro y en medio de la confrontación, no solo se llegó a un rotundo fracaso del proceso de paz sino que además se abrió un nuevo ciclo de violencia que hasta hoy estamos padeciendo. Igualmente, están latentes los errores del proceso de negociación con los paramilitares y las debilidades de la Ley de Justicia y Paz.

•    Para crear un ambiente propicio de negociación es preciso generar un discurso pedagógico y un optimismo ciudadano en torno a la paz, elementos muy débiles en el momento actual de Colombia, donde las personas tienen la percepción de que la inseguridad empeora y que no existen las condiciones para un cierre negociado del conflicto por las acciones violentas y cotidianas de las guerrillas de las FARC y del ELN, que en muchas regiones del país se articulan con las denominadas Bacrim a través de los negocios ilícitos que comparten.

•    Sobre los principales puntos de la agenda de negociación: Política de Desarrollo Agrario, Participación Política, Solución del Problema de las Drogas ilícitas, la Política de Victimas y la Implementación, verificación y refrendación de los acuerdos, nadie desconoce que son problemas centrarles de la realidad y del conflicto nacional. Las críticas se acentúan cuando un actor como las FARC que representa una minoría se les otorga la vocería para negociar los grandes problemas nacionales en momentos que si bien es cierto no están totalmente derrotados, si se encuentran en un claro retroceso político y militar.

•    Sobre los negociadores del Gobierno Central en el proceso de Paz es importante resaltar que representan sectores estratégicos del país: gremios económicos, clase política, ex generales de las fuerzas armadas y asesores de paz. El gran vacío en la mesa lo constituyen las víctimas, quienes a pesar de haber sufrido las más graves violaciones a los derechos humanos no encuentran un representante directo que defienda sus interés, muy a pesar que uno de los puntos centrales de la negociación sea la Política de víctimas. Igualmente, la mesa carece de otros representantes de la sociedad civil.

•    El éxito de cualquier proceso de negociación es el equilibrio entre: Verdad, Justicia y Reparación. Si no se garantizan estos principios nunca se va a consolidar la paz. Es verdad que el reconocimiento que hace el Estado de las FARC implica que sean tratados en la negociación como delincuentes políticos, lo que no quiere decir que siempre se hayan comportado como tal, y que no tengan que pedir perdón y decir la verdad por los delitos que han cometido.

•    La firma de un tratado de paz con las FARC no representa el fin del conflicto ni la usencia de violencia. Sin duda para el Estado colombiano es muy importante terminar con el Mito FARC y desactivar una estructura militar como la que representa  el grupo armado. Lo anterior no asegura que efectivamente la mayoría de los integrantes acepten reintegrarse a la sociedad y no terminen haciendo parte de otras estructuras criminales como las Bacrim que están dispuestas a pagar por incorporar a sus filas a ex combatientes. Incluso son muy conocidas las relaciones de las guerrillas con las bandas criminales en algunas regiones de Antioquia y el país, pero estas conexiones no están mediadas por una identificación ideológica, sino por factores de lucro.

•    Implicaciones Internacionales de la negociación: Las normas imperativas de derecho internacional no pueden ser violadas por ninguna de las partes en conflicto, y mucho menos hoy, que existen organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. Colombia ha suscrito el tratado que la adhiere a la Corte Penal Internacional y no puede desconocer las obligaciones y tratados internacionales que ha contraído. En este contexto hoy no existe un marco de seguridad jurídica para los miembros de las FARC, pues el Estado no puede otorgarles beneficios por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han cometido y cometen a diario, lo que implica una grave violación al Estatuto de Roma, al cual Colombia se suscribió en el 2002.

Establecer marcos de perdón y olvido, o establecer condenas figurativas, no excluyen la responsabilidad penal de quienes cometieron los delitos. Quienes hayan infringido las normas de derecho relativas a la protección de la humanidad y no fuesen condenadas, será la Corte Penal la que de manera subsidiaria se encargue de juzgar las conductas e impartir justicia. Por tal razón, se debe definir cuál va ser el blindaje jurídico para que esta institución internacional no entre a operar en el caso de los delitos contra la humanidad que han cometido las FARC.

Por estos limitantes, defensores de los Derechos Humanos como José Miguel Vivanco de Human Rights Wactch, critican al gobierno de Juan Manuel Santos por abrir una puerta a la impunidad, y declaran que el Marco para la Paz es una “amnistía encubierta”. Así mismo, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional,  manifiestan serios cuestionamientos al proceso de paz por la  posibilidad de impunidad y la poca reparación para las victimas.

•    Para el éxito del proceso de paz es fundamental que el Gobierno nacional tenga en cuenta a los departamentos y a las autoridades locales. Un proceso que no reconozca la realidad política, social y económica de las regiones, ni la lógica particular del conflicto, estaría desconociendo no solo las diferentes problemáticas que padece la nación, sino además los diversos actores que intervienen en cada región y las soluciones particulares que deben formularse para resolver el conflicto de acuerdo a su génesis en el territorio.  Finalmente, el proceso de paz no puede convertirse en una plataforma política del Gobierno del presidente Santos para subir sus índices de favorabilidad, buena imagen y percepción ciudadana, en los cuales las encuestas lo muestran en claro retroceso. Tampoco puede convertirse en un ejercicio de cálculo electoral para una posible relección del mandatario. Las FARC no pueden seguir  poniendo la agenda electoral del país ni mucho menos incidir en la elección de los presidentes de Colombia.

Algunas de las preguntas de fondo que tenemos que hacernos los colombianos son:

¿existen las condiciones necesarias para que el Estado inicie un proceso de paz creíble con los grupos al margen de la ley?

¿Cuáles son las condiciones necesarias para evitar la reaparición de la violencia?

¿Cuándo hablamos de posconflicto estamos preparados y dispuestos los colombianos a asumir los costos políticos, sociales y económicos de este proceso?

¿Tenemos una sociedad civil fuerte, articulada, participativa y preparada para el cambio?

¿Están los actores del conflicto dispuestos a reconocer sus actuaciones, decir la verdad y reparar a las víctimas?

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