Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición

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BCPor: Beatriz Eugenia Campillo Vélez

 

Mantener la autoridad moral que da la coherencia es de las cosas más difíciles

 

que se presentan en la vida, no son pocos los dilemas que los seres humanos enfrentamos donde se ven en juego deseos, pasiones, argumentos, experiencias, que al entrar en choque frente determinadas situaciones nos hacen pensar sobre valores, principios y la escala que establecemos ante ellos; sin duda es difícil pretender que las personas siempre reaccionemos de la misma manera ante situaciones diversas y sin embargo creemos que si somos coherentes hay ciertas conductas que cabría esperar; en otras palabras, por más difícil que sea, hemos visto como algo bueno que las personas sean coherentes entre lo que dicen, lo que hacen, lo que han realizado en casos anteriores, la forma en la que los han juzgado, las decisiones que han tomado y las que tomaran. De alguna forma esta coherencia tiene gran relación con el imperativo categórico kantiano “Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal”.

Esta lógica en mundo del Derecho, y con el fin de que tenga aplicación para toda la sociedad, se ha traducido de una forma heterónoma bajo el principio “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”, un principio que acompaña el espíritu mismo del Estado de Derecho, que recordemos es un tipo de Estado donde todos (incluyendo el gobernante) están sometidos a la norma jurídica, la cual debe conocerse con anterioridad a cualquier juicio y que servirá para saber a qué atenerse (seguridad jurídica).

Traigo esta reflexión porque hace pocos días la sociedad colombiana tuvo conocimiento del asesinato de la niña de 7 años de edad, Yuliana Samboní, un hecho sin duda macabro que requiere toda condena social y por supuesto jurídica (siguiendo los debidos procesos). Sin pretender en ningún momento bajarle la importancia que este caso tiene, si surge la pregunta: ¿cuántos casos tipo Yuliana han ocurrido en nuestro país?, ¿por qué como sociedad somos tan blandos para pedir esos castigos cuando el actor que lo comete es grande y poderoso, pero cuando lo comete un individuo si somos tajantes?, ¿puede una sociedad ser coherente cuando exige las máximas penas para unos y al tiempo exime de las mismas a otros en nombre de la paz?, ¿si el implicado en este caso pide perdón, reconoce su error y dice que no lo cometerá más nos parecería normal que su castigo fuera el mismo que se propuso para las FARC?, ¿hay diferencia en actos?

Por mi parte sostengo que tener las normas claras y aplicarlas sin apasionamiento no solo da paz, sino que ese orden garantiza que el Estado conserve su autoridad moral. Para ello es fundamental que no se tenga un derecho penal de autor, sino de actos, para que las penas no se apliquen, como diríamos en buen paisa, “según el marrano”.

Apostilla: Ojalá algún día veamos a la sociedad igual de indignada contra el aborto, matar a alguien no puede ser un derecho si está en el vientre materno y un delito si está afuera.

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