Acuerdos realistas y respeto al Estado democrático

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JDGRPor: Juan David García Ramírez

Después de cuatro años de negociación entre el Gobierno y la organización terrorista de las FARC,

los términos y condiciones de la misma finalmente han comenzado a tomar un camino sensato, en donde el Estado democrático tendrá la oportunidad de mantener su legitimidad. En el ámbito de la negociación de conflictos violentos, es común el error (usualmente con consecuencias muy graves para el futuro de una sociedad abierta) de establecer equivalencias entre el Estado y los actores ilegales que le disputan el poder, como si en el terreno práctico se tratara de un intercambio de posiciones entre dos partidos políticos o entre organizaciones que aceptan las reglas de juego.

Desde el inicio del proceso, en 2012, se partió de esta premisa falsa, que implicó una serie de concesiones excesivas a las FARC. El resultado: unos acuerdos que parecen un juego de suma cero, es decir, un juego en el que el ganador se lleva todo y el perdedor obtiene poco o nada. Mientras las FARC, en su orientación maximalista de la negociación, accedieron a numerosos espacios de poder político, control territorial, justicia laxa, mínimos compromisos con la reparación a sus víctimas y el abandono del narcotráfico, el Gobierno vio satisfecha únicamente su aspiración minimalista al fin de la violencia, con el Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. Algunos sostienen que este es el mejor acuerdo posible entre las partes, pues, de acuerdo con el discurso dominante, el fin del conflicto armado requiere de una gran generosidad por parte del Estado y de la sociedad, que no de las FARC, como se pudo comprobar.

En cambio, amplios sectores de la sociedad consideraron que los acuerdos y las condiciones en que se llegó a ellos, debían replantearse. La transformación del conflicto, que es el auténtico asunto de discusión en un proceso de negociación, debe trascender los mensajes emotivos y la propaganda política (a cada orilla de la confrontación), para mantener el enfoque de la realidad. El desenlace del plebiscito celebrado el domingo 2 de Octubre, y las reuniones que tuvieron lugar durante la semana, entre el presidente Santos y los expresidentes Uribe, Pastrana y el exprocurador Ordóñez, demostraron que sí era necesario someter a examen los acuerdos, para que se pase del juego de suma cero a un juego de suma positiva, esto es, una negociación en la que las partes actúen con realismo y el Estado democrático no sea un perdedor absoluto, sino que salga fortalecido; una negociación en donde las FARC comprendan que la Revolución Rusa, la Revolución Cultural y la Guerra Fría son parte del pasado, y que sus pretensiones totalitarias no tienen cabida en una sociedad sustentada en el respeto a las libertades individuales.

Al incluir a la oposición en la mesa de diálogo de La Habana y aceptar sus preocupaciones y cuestionamientos, el proceso podría obtener la legitimidad de la que carecía, y asuntos tan delicados como el reconocimiento de nuevas Zonas de Reserva Campesina, varios puntos del acuerdo sobre participación política, del mismo modo que del acuerdo sobre solución al narcotráfico o el de víctimas, deberán revisarse y ajustarse a los reclamos y exigencias de la ciudadanía.

En cuanto al proceso de negociación que se inicia con el Ejército de Liberación Nacional, las consideraciones deben ser las mismas. Aunque cada organización sea diferente en su orientación, objetivos e intereses de poder, modus operandi y alcance militar y político, el Estado debe asumir la situación con firmeza, seriedad y conciencia sobre su papel como representante de la sociedad organizada. Ante el fervor con el que se anunció la instalación en Ecuador de la mesa de negociación entre el Gobierno y el grupo guerrillero, ésta respondió con la negativa a liberar a Odín Sánchez y una serie de ataques terroristas en Arauca y otras zonas del país, demostrando su capacidad de causar daño. Como señala el documento que contiene las conclusiones del Segundo Congreso del ELN, celebrado en 1990, a la mesa de negociaciones se acude para presentar las reivindicaciones particulares que se defienden en el campo de batalla, las razones de la lucha, esto es, conciben el escenario de la interacción política como una forma de continuación del conflicto, en donde es posible conseguir ventajas parciales frente al Estado. Al respecto, los puntos de la agenda que se planteó en 2015 constituyen la aspiración de la organización de transformar las instituciones políticas, jurídicas y económicas, así como asegurar el acceso a espacios que permitan un cambio en las relaciones de poder (citando nuevamente las conclusiones del Segundo Congreso), de manera que no hay una gran distancia entre los objetivos de las FARC y el ELN, a la hora de la negociación.

En gran parte de la opinión pública, los partidos políticos oficialistas y medios masivos de comunicación, como también en amplios sectores del debate académico y en general público, existe la creencia de que las concesiones que se hagan a distintas organizaciones criminales en el desarrollo de procesos para poner fin a conflictos violentos como los que vive Colombia, serán siempre mínimas si se considera el bien mayor de lograr la paz. Pero en el mundo real, esas concesiones dan el impulso fundamental para el control territorial a través de lo que las guerrillas denominan el movimiento de masas y de organizaciones, la reforma del modelo económico y del sistema político, la consolidación del acceso a recursos naturales y a mercados, de igual forma que para promover el surgimiento de nuevos grupos armados, que en el mediano plazo se encarguen del relevo en la confrontación armada al Estado, para continuar con su táctica principal de combinar todas las formas de lucha.

Estas realidades son las que una sociedad civil activa, informada y consciente, debe advertir en cada espacio de discusión, para no caer en el error mayor de situar al Estado en pie de igualdad frente a grupos armados que exhiben pretensiones totalitarias. Si se ha de insistir en la negociación política como un camino preferible para disminuir o poner fin al conflicto violento, bien sea en el caso de las FARC o en el del ELN, el Estado colombiano debe mantener su legitimidad y ceder solo en la medida en que los grupos armados adquieran compromisos serios y definitivos de cesar su asedio al país y a las instituciones democráticas.

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