Una paz sin equivalencias

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JDGRPor: Juan David García Ramírez

En todo el mundo se cuentan actualmente 424 conflictos activos,

de los cuales 223 se califican como violentos, y entre estos, cuarenta y seis se encuentran en la categoría de altamente violentos, siendo 25 de ellos guerras limitadas y 21 guerras. Esta clasificación es realizada por el Conflict Barometer, del Instituto Heidelberg para la Investigación del Conflicto Internacional (Heidelberg Institut für Internationale Konfliktforschung), y cada año se actualiza siguiendo la evolución de la conflictividad global. Instrumentos de análisis y medición de conflictos como este, y otros, como el Anuario de Procesos de Paz, de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, proveen información abundante sobre las implicaciones políticas, económicas, sociales y religiosas de las disputas que se presentan en cada región del mundo, y dan pistas a la opinión pública, a los líderes políticos y a los mismos actores involucrados en los conflictos, del carácter inevitable de las confrontaciones.

La guerra es inherente al desarrollo de las sociedades, y así lo demuestra la evidencia histórica, en guerras como las Médicas o las del Peloponeso, que modelaron la forma de la civilización occidental. En la Historia de las Guerras del Peloponeso, Tucídides arroja conclusiones sabias sobre este episodio bélico del siglo V a.C., y advierte que nuevas guerras se darán más adelante, por las más diversas razones. No obstante, las lecciones de Tucídides han sido subestimadas o pasadas por alto por los gobernantes, desde Barack Obama hasta Vladimir Putin y Juan Manuel Santos. Aunque en la Grecia clásica se llegara a la Paz General o Koiné Eirené, que era la forma más común de hallar una solución negociada a los conflictos entre las ciudades-Estado de la época, había siempre la certeza de que el curso de la guerra podría retomarse en el momento menos esperado, como de hecho ocurrió en innumerables ocasiones.

En los conflictos actuales y sus procesos de negociación, sucede exactamente lo mismo que hace 2.500 años: en los últimos treinta años, 59 conflictos llegaron a su fin, de los cuales 44 terminaron por la vía de un acuerdo final de paz, 4 sin un acuerdo formal y 11 con la victoria militar de una de las partes. Solo estas cifras actúan como un argumento contundente para apostar por la negociación. Sin embargo, durante el 2014 el balance de las negociaciones muestra que solo el 15% funcionaron bien, el 24% enfrentaron dificultades, mientras que el 57% no tuvieron éxito. Además de Colombia, países como Sudán, Mali, Ucrania, Filipinas y Senegal, se han comprometido en procesos de negociación de mayor complejidad, en donde interviene de manera más activa la sociedad internacional, pero esto solo los ha conducido a acuerdos parciales, que al poco tiempo han sido violados por las partes.

Con el anuncio, el 23 de Septiembre, del acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno de Colombia y las FARC, el fervor mediático y el ruido de los aplausos ilusionaron a los partidos políticos, los sindicatos, la dirigencia empresarial y a los ciudadanos en general, con el advenimiento de la paz absoluta y el fin de la violencia en toda Colombia, América Latina e incluso el mundo. Semanas después de la firma de ese acuerdo, las cosas han cambiado muy poco y el intercambio de mensajes entre los representantes de la institucionalidad y los cabecillas de la organización narcoterrorista, habla de otra realidad, y es que la confrontación continúa, como es natural. Johan Galtung, uno de los mayores teóricos del conflicto y exponente de los reconocidos Estudios para la Paz, insiste en que los conflictos no terminan, sino que se transforman, y que dicha transformación solo es positiva si las partes asumen una actitud en el mismo sentido (el tríptico empatía-creatividad-no violencia).

Pues bien. En el caso colombiano y en prácticamente todos los que se presentan en la actualidad, se asumen actitudes equivocadas y se pierde la perspectiva de la realidad, de varias maneras. La primera actitud errónea es la de considerar que Colombia se encuentra bajo una dictadura y que debe abrirse paso prontamente a la transición democrática, siendo las FARC las llamadas a liderar la construcción de una democracia verdadera e incluyente. La segunda, la relativización de la importancia de las víctimas y la tergiversación de la condición de los victimarios, de modo que el Estado democrático, al decir de los cabecillas de las FARC, es tan victimario como éstas, lo que desemboca en el tercer error: que los grupos armados, en este caso las FARC, el ELN o las BACRIM, gozan de legitimidad política, jurídica y social, así que se establece una falsa equivalencia entre ellos y el Estado. Y en último lugar, y más grave, la renuncia del Estado a defender sus propios intereses en la negociación, cediendo a prácticamente todas las exigencias de las FARC, lo cual se ha verificado, por ejemplo, en la decidida eficiencia para someter a la justicia a miembros de las Fuerzas Militares, y un discurso comprensivo (en lo atinente a la justicia transicional) con los delitos cometidos por los integrantes de las guerrillas.

La disposición a resolver un conflicto violento mediante la negociación, es potestad de los estados democráticos. Pero esto implica entender, desde el punto de partida, que no hay equivalencias y que cada actor posee una naturaleza diferente. Para los ciudadanos debería estar más claro que no hay lugar a la neutralidad, y que aún dentro de un proceso de negociación, la conclusión es que una de las partes conseguirá mayores ventajas, y desde nuestra perspectiva, le corresponde al Estado obtenerlas.

 

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