Una paz con el sello de la caducidad programada

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Por Juan José García Posada

 

La equivocación más grave en la orientación del actual proceso de diálogos

con la guerrilla de las Farc ha consistido en permitir que se le reduzca su jerarquía de gran propósito nacional para convertirlo en instrumento al servicio de intereses políticos electorales de corto plazo. La visita reciente de un grupo de parlamentarios a La Habana y la manifiesta utilización de los esperados acuerdos por personajes comprometidos con diversas campañas proselitistas con motivo de la jornada de votaciones del 25 de octubre, alertan sobre el sesgo divisionista y excluyente que se le ha marcado a la búsqueda de la paz.

 

Desde el principio de las reuniones entre los representantes del gobierno colombiano y los de la insurgencia se ha señalado cómo hubo un aprovechamiento oportunista de las circunstancias para iniciar los diálogos como fórmula urgente y apresurada para recobrar el puntaje perdido por el presidente en las encuestas. Después, en 2014, el ideal, el concepto y el método de la paz se manejaron como factores que incidirían en la reelección del primer mandatario. En este año, la campaña electoral del variopinto partido de gobierno y sus aliados no separó el asunto y por el contrario siguió apropiándoselo, como si se tratara de una intención y un objetivo que no tenían por qué compartirse con las demás corrientes políticas, tal vez consideradas advenedizas e incómodas.

 

La paz debe ser principio ético fundamental de un gobierno democrático, así como está consagrada en la categoría de “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, por norma constitucional. Tiene la naturaleza de gran proyecto continuo, estable y trascendente de Estado, que no tiene por qué reducirse a los criterios inmediatistas de un partido, un mandato cuatrienal o una aspiración personal de quien encabece el Ejecutivo.

 

Pero en las circunstancias actuales, el planteamiento presidencial ha sido excluyente y cerrado a cualquier posibilidad de crítica razonable. Quien objete los procedimientos adoptados en las conversaciones de La Habana tiene que asumir el riesgo de ser descalificado como partidario de la guerra. Cuestionar, por ejemplo, el probable cese bilateral del fuego, se descalifica desde las alturas estatales como una forma de oposición radical, cuando debería ser lo normal y corriente en una sociedad abierta, en la cual se presume que estarían convocados a participar con sus observaciones y experiencias todos los sectores de opinión.

 

La anatematización de los contrarios es propia de regímenes y estilos totalitarios. Que de parte de las Farc se conozca esa forma de censurar la crítica, es lo obvio en una guerrilla ajena al pluralismo y el libre examen de la realidad. Lo inaceptable está en que sea un gobierno sedicente democrático y de mentalidad abierta el que adopte ese mismo método descalificatorio, como si estuviera inficionado por la visión política del presunto antagonista ideológico, refractario por tradición y vocación a la diversidad de criterios, porque siempre ha creído más en la razón de la fuerza que en la fuerza de la razón y ha privilegiado la llamada dialéctica del fusil.

 

La presunción de que la paz es objeto de apropiación indebida por el sector político vinculado con el gobierno puede ser un factor determinante del escepticismo, la desconfianza y la baja aceptación de los diálogos de La Habana en parte de la población civil. Además de lo anterior, hasta la primera década de octubre debió afectar la actitud de la gente la expectativa sobre el posible otorgamiento del Nobel de Paz al presidente Santos. Cuando llegó a decirse, en vísperas de la decisión, que el trofeo lo compartirían Santos y Timochenko, recorrió el país una corriente de incredulidad e indignación, por obvias razones. Hasta se aceptaría o se soportaría el premio para el primer mandatario, mas no para el máximo jerarca de las Farc. Sería redundante exponer los motivos: No es ni será fácil que los ciudadanos extremen a tal punto su indulgencia, por facilitar una paz dudosa a toda costa y sin condiciones de ninguna índole. Un Nobel de Paz a Timochenko sería tan rechazable como lo han sido hasta ahora las sugerencias de absolución en nombre de una precaria, frágil y flexible pero inminente justicia transicional.

 

Más todavía, se explica tal escepticismo cuando permanecen cubiertos por un manto de misterio los pormenores del acuerdo festejado en La Habana y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo mismo que en medios de opinión del llamado primer mundo (donde no faltan quienes sigan imaginando que en Colombia hay una contienda bélica entre dos partes equiparables), pero sometido a reserva por el gobierno, quizás porque hay cuestiones que sólo se han convenido en forma provisional y apenas han sido escritas en borrador (y así lo dejó en evidencia Humberto de la Calle), pese a lo cual el documento de 75 puntos se firmó y se lanzó a los cuatro vientos, con la escena mediática del apretón de manos de Santos y Timochenko y el patrocinio sonriente de Raúl Castro, como si fuera ya un acuerdo definitivo.

 

Hay congresistas y líderes políticos empeñados en apoderarse de la paz. Autorizados por la actitud nada incluyente del primer mandatario y por sus frecuentes invectivas y diatribas contra quienes se han matriculado en alguna forma de oposición y cuestionan su ambivalencia en el manejo de las responsabilidades de buscar la paz y garantizar la seguridad y el orden interno, aquellos se sienten con todo el derecho a intervenir como agentes y portavoces del Ejecutivo para atizar el enfrentamiento, no con la guerrilla sino con los contradictores.

 

No es aventurado percibir cómo se ha desarrollado una insólita estrategia de condescendencia con los insurgentes y de proscripción de los ciudadanos que ejercen el derecho a debatir, cuestionar, criticar y fiscalizar los actos u omisiones oficiales, advertir sobre los presuntos errores y concesiones en los diálogos de La Habana y señalar los riesgos, reales o imaginarios (pues haya o no exageración en las voces de alerta, opinar a favor o en contra es una prerrogativa inalienable) que pueden sobrevenir de la permisividad con la guerrilla.

 

Lo extraño está, entonces, en que se haya acrecentado la impresión de que se reduce la paz a un acuerdo entre el gobierno y las Farc, posible, deseable, pero incompleto y sólo representativo de una de las complejas facetas de la paz. Y mientras tanto, se descuida o desdeña la responsabilidad de convocar la sociedad civil, diversa, plural, desigual y colmada de diferencias, para que entienda y trate la paz como un propósito nacional y no como una meta ocasional y transitoria.

La instrumentación de los diálogos y los esperados acuerdos de La Habana por políticos obsesionados por ganar favoritismo en las encuestas y acumular poder de negociación y contratación con el Estado y sus órganos en los distintos niveles incrementa la desconfianza entre la gente. La clase política está en primer lugar en los ránquines que miden la falta de credibilidad y confiabilidad, en este país y en gran parte del mundo. Y uno de los factores determinantes de esa repulsa que ocasiona entre los ciudadanos es la ausencia de compromiso con los propósitos nacionales, con los proyectos éticos de Estado que deben trascender y no están reservados ni a un mandatario, ni a un gobierno ni a un grupo exclusivo y excluyente.

 

El inmediatismo político aleja los fines y objetivos del Estado. Y ese inmediatismo está sustituyendo la gran finalidad de la paz por un logro transitorio y limitado al entendimiento entre un gobernante (y sus propios copartidarios) y una facción de la insurgencia. Mientras tanto, las mayorías están expectantes a distancia y ni se sienten convocadas ni optan por intervenir porque pueden quedar sometidas a un trato denigrativo comparable al que reciben los cuestionadores y críticos más caracterizados de la oposición: Mientras los objetores de procedimientos y actitudes de los negociadores en La Habana y de las actuaciones del gobierno sean catalogados como enemigos de la paz, la población (llámese sociedad civil, fuerzas sociales, etc.) que se siente marginada o subestimada por la arrogancia y la indiferencia oficiales, tampoco asumirá la paz como una causa común de profundo contenido ético. Seguirá viéndola como el empeño político utilitario y de corto plazo de un mandatario y un grupo guerrillero pero no como un propósito nacional estable y duradero y del más amplio espectro.

 

Paz con una organización guerrillera y conflicto con los que no sean partidarios incondicionales y obsecuentes. Se ha dicho, no sin razón, que esa parece la consigna, absurda e inconveniente. A lo largo de los meses de diálogos en Cuba no se ha desarrollado una intensa campaña de la llamada pedagogía por la paz. Al menos no ha sido asumida como responsabilidad inherente al liderazgo presidencial. Es natural que la inmensa mayoría de los ciudadanos opte por un país pacífico, vivible, pero el mandatario se ha quedado corto para exponer en forma persistente ese discurso y enfatizar en los compromisos que competen a todos los ciudadanos.

 

Es cierto que se organizan y efectúan foros, seminarios, encuentros en los cuales se insiste en la preparación para el estadio impreciso del posconflicto y en lo que significa la construcción de un país en paz. Estas actividades han venido intensificándose en los meses recientes, pero, mientras tanto, persiste el enfrentamiento público estéril y nada ejemplarizante entre un gobierno y unos sectores políticos, azuzado por los infaltables pescadores en río revuelto.

 

La paz es una inmensa empresa de responsabilidad colectiva. Como derecho y como deber constitucional “de obligatorio cumplimiento” y como propósito de ética social de la más alta jerarquía nos vincula y nos compromete a todos los ciudadanos, a cada cual en su condición particular, en su función específica. Pero, así mismo, la paz no consiste sólo en la solución de la confrontación armada, con todos los grupos insurgentes y antiinstitucionales, de tal modo que se garantice el monopolio legítimo de las armas por el Estado. El concepto de paz comporta el respeto a las diferencias, la tolerancia frente a ideas y posiciones contrarias, la justicia social y la corrección de las profundas fallas en materia de equidad, la transparencia en todos los actos públicos y privados para erradicar la corrupción como la más destructiva forma de subversión y, en fin, la realización satisfactoria de los fines del Estado social de Derecho, en el interior y en las fronteras. A estas ideas y estas finalidades debe dirigirse el liderazgo pedagógico del gobierno, de los poderes públicos y de la sociedad civil y sus fuerzas representativas. Pero todavía hay una distancia abismal entre el deber ser y la realidad, que le marca a la paz el sello del inmediatismo y la caducidad programada.

 

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