El problema del lenguaje en los diálogos de paz con las FARC

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BCPor: Beatriz Eugenia Campillo Vélez


El profesor Jürgen Habermas es uno de los filósofos que más ha reflexionado

sobre el asunto del lenguaje y en particular su relación con la democracia, en su teoría de la acción comunicativa señala unas condiciones que considero pueden iluminar el ejercicio del hablar “con el otro” y no “sobre el otro”, que finalmente es uno de los mayores problemas que existen en Colombia, donde los calificativos parecen pesar más que los argumentos.

La pragmática universal que plantea el filósofo en cuestión, podría sintetizarse como bien lo refiere el profesor José Olimpo Suárez en el “intento por identificar y construir las condiciones universales de la compresión humana (…) podría ser definida entonces como una ciencia de la reconstrucción del discurso consensual a partir de un conjunto de reglas que de ser aceptadas en una discusión, conducirían necesariamente a un acuerdo no forzado. Simplificando, diremos que las reglas son las siguientes: 1. El sujeto que habla debe querer o buscar que su discurso sea inteligible para el otro, de tal suerte que él y su oyente sepan de que se trata la discusión. 2. El sujeto que habla debe tener la intensión de comunicar aquello que él considera verdadero, de tal suerte que él y su oyente puedan en principio establecer los hechos como son. 3. El sujeto que habla debe saber exponer sus intenciones de manera convincente o verosímil de tal manera que él y su oyente puedan establecer entre ellos una confianza racional. 4. El sujeto que habla debe formular correctamente sus intenciones de tal manera que él y su oyente sientan que pueden valorar al mismo tiempo los enunciados en un contexto ético” (Syllabus, 2004, pp. 151 – 152).

Examinemos pues las anteriores reglas frente al escenario actual de los diálogos de paz en Colombia:

1. Discurso Inteligible

Los juegos del lenguaje hacen que sea difícil cumplir la condición de inteligibilidad, más aun cuando a esos juegos se le suman los juegos de poder, cobrando vigencia el famoso “confunde y vencerás” resultado de la fórmula “si no logras convencerlos, confúndelos”.

La llamada "combinación de todas las formas de lucha" tiene un componente importante en el asunto del lenguaje, y particularmente en el manejo de medios de comunicación. El uso de la propaganda política para expandir una ideología no es una práctica nueva, ni tampoco es atribuible exclusivamente a la derecha o a la izquierda, pero sin duda es una táctica efectiva que apoya la estrategia de la toma del poder y la búsqueda de cierta legitimidad. En este punto no me refiero exclusivamente a los diálogos entre el Gobierno y las FARC, pues considero que ambas partes cuentan al menos con el conocimiento suficiente como para entenderse. La preocupación mayor surge frente al pueblo colombiano, un pueblo donde incluyendo buena parte de la población más educada no está preparada para hacer diferencias conceptuales claras que permitan el entendimiento, es decir la comprensión de lo que realmente se discute.

Prepararse para la paz, prepararse para el "postconflicto" y para estar realmente capacitados al tomar una decisión responsable si se llegaran a refrendar los acuerdos, pasa por el hecho de que la población pueda acercarse al menos en lo más básico a la discusión y esto pasa necesariamente por entender ciertos conceptos claves. Aquí el asunto es de mucho más fondo que simplemente pintar palomas blancas o decir "sí a la paz, no a la guerra". El llamado es por supuesto al sector educativo en todos sus niveles, pues su compromiso con la paz debería estar marcado por el interés profundo de hacer inteligible ese lenguaje de la mesa de diálogos para la población en general. Hacer que las personas comprendan lo que está en juego es el verdadero aporte de la academia que no puede quedarse en discursos light, repitiendo sloganes de campaña, pues su función principal es ayudar a pensar, abrir discusiones y no tener miedo a la sana confrontación de argumentos.

Los diálogos no pueden circunscribirse exclusivamente a lo que Gobierno y FARC entiendan, es necesario pasar a un escenario realmente democrático donde el pueblo esté mínimamente formado en lo básico, para la toma responsable de decisiones. El sector educativo debe aportar a que las personas comprendan por ejemplo: ¿qué es el Estado?, ¿qué es un Estado de Derecho?, ¿cuáles son sus funciones?, ¿existen límites para el presidente en una democracia?, ¿qué es la Constitución?, ¿qué es una guerra?, ¿todo conflicto es una guerra?, ¿Quiénes participan en la guerra y quien puede declararla?, ¿hay una guerra en Colombia?, ¿qué es la fuerza pública?, ¿qué es una guerrilla?, ¿qué es el terrorismo?, ¿qué es el Derecho internacional humanitario?, ¿qué es lesa humanidad y los crímenes de guerra?, ¿qué es un delito político?, ¿es igual hablar de prisioneros de guerra que de secuestrados?, ¿qué significa el estatus de beligerancia?, ¿Quiénes firman tratados?, etc.

Sin estas herramientas básicas es muy difícil estar “preparados para la paz”, pues en muchas ocasiones nos encontramos discutiendo con los sentimientos, con la emoción, pero sin saber de qué estamos hablando. La verdadera democracia (gobierno del pueblo) exige preparación, ciudadanos cada vez más formados, para no caer en la oclocracia (gobierno de la muchedumbre, de la masa).

2. Lo que cada uno considera verdadero

Aquí quisiera destacar la poca capacidad de escucha de eso que el otro considera verdadero (su visión de los hechos), y es que no en pocas ocasiones cuando las personas desean con fuerza tener el control de una situación, tienden a no escuchar lo que el otro dice, aunque este lo diga de forma clara y directa, sino que se empeñan imperturbablemente en interpretar o acomodar lo que desearían oír. Me refiero de modo particular a que el discurso de las FARC no ha cambiado, siguen manifestando que se consideran víctimas, siguen empeñados en tomarse el poder y no entregar las armas, han dicho hasta el cansancio que pretenden refundar la patria, que no reconocen las instituciones estatales, que no habrá de su parte sometimiento a la justica, por eso quieren una constituyente que les permita empezar de cero, crear de nuevo el Estado, y un Estado a su medida. No hay un solo pronunciamiento de rendición, no hay un solo pronunciamiento de perdón o arrepentimiento. Frente a este punto más que juzgar a las FARC como falsos, que también lo han sido más de una vez, sería necesario preguntarnos hasta qué punto algunos se han empeñado simplemente en no escuchar lo que de forma tan directa y a veces descarada, han dicho.

De igual manera, en la lógica de escuchar lo que "cada uno considera verdadero", no se debe pasar de largo el papel de la oposición. Si el país pretende ser plural y democrático, no puede cerrarse a un diálogo solamente entre dos (Gobierno - FARC), y debe garantizarse de forma especial que quienes esten en la legalidad tengan plenas libertades de expresión, incluso para alzar su voz de protesta, proponer otras vías y señalar errores. La oposición es vital en la democracia, es lo que va a perfeccionar la actuación misma del Estado. Ahora bien, es cierto que el respeto debe venir de todas las partes para lograr un auténtico diálogo, pero el llamado a "desescalar el lenguaje" que ha hecho el Presidente no puede dar lugar a la censura, ni convertirse en una forma de ocultamiento de la realidad por medio de eufemismos (lenguaje políticamente correcto), lo que termina por conducir a una complicidad con el terrorismo al restarle importancia a los hechos, y de paso a las víctimas, por no llamar las cosas por su nombre. Esta bien que escuchemos las "verdades" (percepciones que se tienen) como punto de partida, pero esto no puede ser la renuncia a la búsqueda de la Verdad (esa sí con mayúscula, es decir, aquella ligada lo que más se pueda a la realidad).

3. La confianza racional

Frente a este punto aplica buena parte de los dicho en los dos anteriores, pero creo que es necesario agregar que no menos importante es el asunto de preguntarnos qué tan válido o no es el interlocutor cuando él mismo con su accionar no ha respetado las reglas de la democracia. Podríamos decir que es validado por quienes desde la institucionalidad Estatal buscan acercamientos, le han abierto espacios; pero con la pregunta me refiero a que las reglas de Habermas directa o indirectamente parten del supuesto de que ambas partes tienen más o menos simetría moral y jurídica. Es decir, no hay mayor problema en buscar esa confianza racional para lograr acuerdos entre actores políticos o sociales que actúan en la legalidad, por ejemplo: partidos políticos, sindicatos, ONG’s, academia, etc. Pero quisiera resaltar que no se da el mismo esquema cuando alguien se ha salido de esas reglas de la democracia y sus argumentos son la intimidación y la amenaza (como en un atraco: o se acogen mis condiciones o sigo atacando).

En otras palabras, la pregunta apunta a qué esquema de victimización estamos siguiendo ¿Uno vertical donde hay un Estado legítimamente constituido que tiene como función el cuidado de sus ciudadanos y dar castigo a quien atente contra ellos o por el contrario uno horizontal donde no existe el Estado y apenas vamos a construirlo por tanto nadie puede decirnos quien es víctima y quien es victimario?

La pregunta es importante porque a causa del miedo que nos genera un ataque fuerte es posible cometamos grandes injusticias con quienes cometieron delitos de menor alcance social. Me refiero a que si una persona mata a otra, esperamos que el Juez haga justicia y a esa persona, después del debido proceso si es encontrado culpable, se le aplique el castigo que se ha establecido previamente en el código penal. Nadie espera que se intente llegar a un acuerdo, a un consenso, o que el asesino simplemente exponga sus intenciones para llegar a una “confianza racional”, porque lo primero que diremos es que el Juez y el asesino no tienen simetría moral o jurídica, sino que claramente uno es la autoridad y el otro es el delincuente.

La pregunta además es importante porque más allá de lo que pase con las FARC, la sociedad tiene un “contrato social”, unas normas que deben estar claras para funcionar, para que nos respetemos, para que no nos matemos. Pero ¿qué pasa cuando se envían mensajes equivocados a la sociedad?, ¿qué pasa cuando se da a entender que el uso de la fuerza si da resultados, tanto que puedo evitar el castigo y hasta imponer mis condiciones?... ¿acaso no se pierde la “confianza racional” entre los ciudadanos y el aparato estatal que hemos creado para nuestra protección?

4. La correcta intención

Finalmente, es importante preguntarnos frente a qué tan correcta es la intención en la comunicación del Gobierno con el pueblo que debe representar y hasta qué punto ha facilitado o no que se puedan “valorar al mismo tiempo los enunciados en un contexto ético”.

Además de la polarización creada gracias al exceso de adjetivos que ha acompañado estos diálogos, calificativos que han impedido en muchas ocasiones ver el fondo de la discusión y que terminan por crear cortinas de humo, cuando no un hastío en la población que distrae; se han dado una serie de cambios en las reglas de juego iniciales y hemos escuchado tantos discursos que es difícil valorar los enunciados de forma tranquila.

Solo voy a citar dos casos a manera de ejemplo: el primero es el cese bilateral, se había dicho originalmente que se dialogaría en medio del conflicto, y que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Sin embargo vemos como se han implementado acuerdos que han alterado incluso el comportamiento de los actores en el conflicto, al punto que el Estado en cabeza del presidente ha suspendido bombardeos y ha pasado incluso a una actitud pasiva, casi protectora, al no perseguir a de manera efectiva a personajes de la talla de Timochenko, a quien hasta el mismo Presidente ha dado ciertos tratos diplomáticos aunque no es negociador.

El segundo caso, es la última propuesta que ha comentado el Presidente de la posibilidad de crear un “Congresito” integrado por la comisión primera de Cámara o Senado y algunos miembros de las FARC, cuestión que afecta directamente la idea de la refrendación - tercera condición que se había puesto en el proceso-, y es que ahora resulta que ante la imposibilidad técnica de someter a referendo cada uno de los acuerdos (pues en solo tres puntos van más de 60 páginas), se buscaría una figura intermedia que permita agilizar la implementación legal de los acuerdos, es decir los instrumentos jurídicos. Un debate que debe ser profundo, pues si el solo marco jurídico para la paz suscitó y sigue suscitando tantas discusiones frente al tema de la impunidad y pasó por el Congreso, con mayor razón habría que mirar con muchísima atención estos mecanismos que de suyo no contempla la Constitución y que atentan contra el orden jurídico y político del país, al pretender saltarse las instituciones que legal y legítimamente se han constituido como el Congreso de la República.

Parece advertirse cierto desespero, inestabilidad, y muestras de debilidad en el Gobierno, pues se ha seguido una vía en la negociación que cada vez más lleva a pensar en la constituyente (sueño dorado de las FARC para la refundación del Estado). El problema que se plantea de fondo es para los dos lados, primero que aceptarla sería la derrota política para el Estado colombiano (un Estado que además de ser legítimo, no es un Estado Fallido y tiene la confianza popular y la capacidad militar para lograr una derrota por esa vía), pues se estaría sometiendo a las condiciones de las FARC (que hoy cuenta más o menos con unos 7.000 hombres en filas). Pero el otro lado, las FARC, saben que deben presionar cosa que se creen otros mecanismos que les garantice participación por designación, es decir que no pueden aceptar una Asamblea Nacional Constituyente en los términos que suele hacerse por votación, pues las FARC son conscientes de su bajísimo nivel de aceptación popular (Para ampliar sugiero ver el histórico de la encuesta Gallup -Junio 2015-), un escenario muy diferente a la situación que en su momento vivió el M-19.

Finalmente digamos que en materia del lenguaje, que es propiamente a lo que he querido referirme en este artículo, el gobierno nacional debería revisar de forma profunda su estrategia de comunicación, y el alcance de sus palabras, pues no podemos olvidar que cuando el Presidente de la República se dirige a un público en cualquier escenario, no lo hace como académico, no lo hace como persona, sino que lo hace en calidad de Primer mandatario (Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Suprema autoridad Administrativa y Comandante en Jefe de la Fuerza Pública), por tanto y como simple ejercicio de responsabilidad y buen gobierno, las propuestas deben ser estudiadas y consultadas de forma privada antes de lanzarlas y cuando se lanzan debe hacerse de forma oficial, facilitando que los interlocutores puedan estudiarlas, criticarlas, complementarlas o apoyarlas; pero no se deberían utilizar para medir cuanto se altera la percepción popular en las encuestas, en estos cargos de alta dirección lanzar ideas solo para “tantear el terreno” no es conveniente y menos en temas tan sensibles. La técnica de “iba a hacer esto, pero ya no” o “simplemente fue una propuesta, pero podemos pensar en otra cosa”, se ha convertido en una constante que resta seriedad y desgasta a las partes, pues finalmente termina minando la confianza de las personas en quien las dirige y se supone, representa, pues no saben a qué atenerse y uno de los pilares de todo Estado de Derecho es tener las reglas claras, una mínima seguridad jurídica que obligue tanto a los ciudadanos como a su gobernante. Reglas que no pueden estarse cambiando cada vez que un actor ilegal pretenda amenazarnos, pues de ser así no tiene sentido el Estado.

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