Los Diálogos de Paz entre la tragedia y la democracia

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GSPor: Gabriel Alexander Solórzano H.

"Si bien en los asuntos privados somos indulgentes, en los públicos, en cambio,

 

 

ante todo por un respetuoso temor, jamás obramos ilegalmente,

sino que obedecemos a quienes les toca el turno de mandar,

y acatamos las leyes, en particular las dictadas

en favor de los que son víctimas de una injusticia,

y las que, aunque no estén escritas,

todos consideran vergonzoso infringir".

 

Tucídides Historia de la guerra del Peloponeso

Además de la dilemática situación de la igualdad y la libertad manifiesta en la democracia, en el contexto del proceso de paz que el gobierno colombiano desarrolla con el grupo armado insurgente más antiguo de Latinoamérica, y uno de los gestores del conflicto armado interno más largo de la historia reciente, las Farc-Ep, otro dilema se presenta y es el de una visión transicional de la justicia, en la que está en juego los valores de la democracia. Al tomar de la memoria algunos relatos que en el pasado se presentaron con respecto a situaciones que asumen un carácter decisivo para bienestar de los ciudadanos, remotamente recuerdo como el tragediógrafo Eurípides quien vivió en el mismo Siglo V A.C, siglo del famoso Perícles, reconocido gestor de la democracia ateniense como lo atestigua el gran historiador antiguo Tucídides. Con La historia Tucídides relata el drama que representa la tragedia, o mejor aún, la narración trágica de la guerra, que no es otra cosa más que aquella relación secreta en la que los protagonistas se ven obligados a enfrentarse ante el azaroso destino a las determinaciones de las divinidades, por ello el relator de la guerra, no sólo narra un evento sino que presenta él “…el declive de Atenas como una tragedia, en cuanto toda representación trágica del mundo presupone la presencia de limites naturales que determinan los confines adecuados de la conducta humana”( Workman, Thom et Bedford, David, The tragic reading of the Thucydidean Tragedy. En: Review of International Studies, Vol. 27, No 1 (jan 2001), p. 67.) También disponible en (http://www.jstor.org/stable/20079590?seq=3#page_scan_tab_contents)

Así como en el siglo del esplendor democrático ateniense, narrado por Tucídides, Eurípides y la sociedad ateniense, poco estaban exentos de la turbulencia social en la época democrática, en Las Suplicantes, el tragediógrafo se refiere a la desdicha que tenemos los hombres que vivimos en el conflicto, y que sin ser parte de la vía fáctica del mismo, por acción u omisión, experimentamos como todos los colombianos, la miserable condición generada en el sinsentido y la absurda lucha forjada en el conflicto, y algunos en su dimensión más cruel, la escalada. Es ¿Acaso es ésta nuestra tragedia y nuestra precaria democracia?.

Eurípides nos exhorta en un párrafo simple y muy dicente el anhelo humano que en Eleusis las madres de los combatientes dados de baja en la guerra suplicaban para que se les permitiera recoger y honrar los cuerpos de sus seres queridos: “desdichados mortales, ¿por qué empuñas las armas y os aniquiláis unos a otros? ¡Deteneos!. No luchéis más, poned fin a la guerra, quedaos quietos y dejad a los demás tranquilos. Es brevísima la vida y es deber pasarla tan plácidamente como sea posible, eximida de vicisitudes (Eurípides, Las Suplicantes, vs, 949 a 955). De manera análoga, la situación generada en el conflicto armado colombiano ha dejado a muchos ciudadanos con el sinsabor de la pérdida de sus seres queridos, debido a que el conflicto no sólo destruye a la población joven e incluso a los niños, sino que dificulta el desarrollo no sólo económico sino humano.

Tucídides, el gran narrador de la Historia de la guerra del Peloponeso, recordando al demócrata Pericles en su discurso fúnebre afirma el ideal político de cualquier Estado denominado democrático, que para éste corto escrito, sirve sólo de recuerdo, del ideal que encarna la democracia, de los fundamentos de una sociedad como la nuestra en vía de democratizarse: “ Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos; más que imitadores de otros, en efecto, nosotros mismos servimos de modelo para algunos. En cuanto al nombre, puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría, y no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado democracia; respecto a las leyes, todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares; en lo relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social; y tampoco al que es pobre, por su parte, su oscura posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo.” (Tomado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=86237). Nuestro sistema de transición hacia la sociedad democrática debe comprenderse entre el consenso y el disenso, tener en cuenta que la regulación de los contrarios posibilita un adecuado análisis de la realidad, pero sin dejar de lado que en aras de una reconciliación política y de justicia transicional adecuada, la población civil debe ser la garante de los beneficios de inclusión e igualdad.

En nuestro contexto en el que la justicia transicional se ha dado como la supuesta solución técnica de los políticos para la prosperidad de todos, se ha estado dejando a la democracia que parece cada día más sujeta a relaciones exógenas como la lógica burocrática y económica, o para decir desde otra perspectiva, como una simple metáfora bellamente elaborada y sólo plausible en la prosa de Tucídides, Montesquieu, Kant y Tocqueville, entre otros. Nuestro modelo de gobierno aún está en ese tránsito hacia una sociedad democrática de inclusión, igualdad social y equidad material con aumento de oportunidades y resultados. Modelo de gobierno que se muestra precario y débil frente a la resolución de los conflictos, como lo demuestra la prolongación del conflicto armado interno.

El Estado Colombiano, contrario al fortalecimiento de lo que son los Estados modernos, de constituciones sólidamente fundadas, y de efectividad en el uso legítimo de la violencia, tiene un gobierno débil, de incapacidad del uso legítimo de la fuerza ante la criminalidad de los grupos armado al margen de la ley, como lo es y ha sido con las Farc-Ep, debido a que fundamento de legitimidad dado por el pueblo parece diluirse en los anhelos gubernamentales. Dos lenguajes permean la realidad frente a los diálogos de paz, en el primero, el gobierno habla de paz desconociendo el accionar de los otros actores armados del conflicto; en el segundo, los insurgentes de las Farc-Ep sólo hablan de negociación del conflicto, de negociar lo que convenientemente les parece válido en un gobierno impotente ante su capacidad provocar daño.

Algunos cuestionantes básicos surgen de lo expuesto anteriormente: ¿Será que del acuerdo con un solo actor del conflicto armado, además con un poder asimétrico frente al Estado, como lo es las Farc-Ep, se puede hablar de Paz en Colombia? ¿Será vulnerada la democracia, entendida como favorecedora de quienes han sido victimizados y les han violado sus derechos fundamentales, por el afán político de resolución del conflicto? ¿Presenciaremos cómo se refunda el Estado colombiano al aprobarse todos los puntos de la negociación? ¿Será que en calidad de legitimadores de las negociaciones con las Farc-Ep Los colombianos refrendaremos el acuerdo? ¿Qué pasaría si la población civil, victimizada por el conflicto, decide declinar el acuerdo fruto de la negociación?, Estas cuestiones, y otras más, parecen de perogrullo ante la realidad que afronta y se avecina en el país. ¿Será que lo evidenciado en la época de Eurípides, de los más altos ideales democráticos, también era un tiempo convulso y de profundas crisis, de choque generacional y de reevaluación de los valores que caracterizaban su sociedad, nos ayudará a entender la dicotomía que existe hoy entre la justicia y la democracia en la idea de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos?.

La pretensión de paz del gobierno, y su retórica de Paz nos vendrá de la mano de la negociación del conflicto, teniendo en cuenta que en tal lógica discursiva, los insurgentes de las Farc-Ep tienen muy clara su posición de buscar reincorporarse a la sociedad civil sin que sean juzgados por los daños a terceros, y ser partícipes de una política que busca grandes transformaciones sociales, e incluso de las instituciones del Estado. La debilidad del gobierno para combatir a los insurgentes -y los grupos delincuenciales como las organizaciones que transgreden ley y las bandas criminales- sólo demuestra en tal relación asimétrica de poder que el Estado, con la poca democracia que tenemos, depende de las decisiones de los negociadores de las Farc-Ep.

La idea del gobierno de mantener en el consciente y en el inconsciente colectivo de los ciudadanos que al negociar el Desarme, la Desmovilización y la Reinserción (DDR) con las Farc-Ep (si es que siquiera se ha considerado tal cosa, en la lógica de negociación del gobierno Santos), será la salida a la tan anhelada paz, es la justificación suficiente para alcanzar los fines esperados, máxime cuando la prospectiva educativa del país se enfoca no solo en la ley 1372 de septiembre 1 de 2014 sino en el Acuerdo por lo Superior 2034.

No obstante, ante las diferencias ideológicas e incluso terminológicas de Paz y de negociación del conflicto, hay algo más que una simple hermenéutica, se trata de un problema en el que la justicia y los principios morales y jurídicos quedarán a la deriva de los afanes políticos de ideales transicionales y restauradores para los que el país carece de formación. Ante tal muestra de sometimiento de la justicia a la política, es necesario entender que la idea de paz nos costará a los colombianos algo más que el sostenimiento económico del postconflicto, nos costará borrar de nuestras mentes la idea de legalidad y de legitimidad que ha caracterizado al Estado –es de sólo recordar la propuesta de crear un ejército con los desmovilizados de la insurgencia- y otras propuestas más, que por banales se prefieren dejar de mencionar.

Ante la cuestión de la debilidad del Estado y de su impotencia histórica ante la resolución del conflicto, sea por vía fáctica o consensuada, hay que responder que la idea del monopolio legítimo de la violencia, propia del Estado moderno, y de los ejércitos fuertes, resultan en nuestra realidad colombiana débiles ante los grupos armados al margen de la ley como lo demuestra el largo enfrentamiento con guerrillas como las Farc-Ep. Nos encontramos ante una perspectiva de resolución del conflicto desde la óptica de victimización horizontal, de hiper-victimización de los miembros de las Farc-Ep que les conduce excesivamente a exigir, lo que para la mayoría de los colombianos es inaceptable, entre ellos, ninguna pena privativa de la libertad, no ser juzgados por delitos de lesa humanidad, así como no ser juzgados de narcotráfico. Pero, ¿Qué sentido tiene que el victimario sea considerado como sujeto que ha sufrido daño? ¿acaso se puede remontar su forma de lucha actual rememorando circunstancias históricas en las que la ideología parecía ser su sustento y no las vigentes actividades delictivas?.

Ante las insondables discusiones, que demandan un profundo discernimiento, la población civil sólo capta meridianamente lo que sucede, lo que los medios presentan sincrónicamente, sin mayor discernimiento ético, moral y político. Pese a ello y ante lo que acontece en los distintos lugares del país en la población civil se capta un profundo escepticismo ante el futuro de las negociones, máxime cuando las dos premisas que parecen ser legitimadoras, “Nada está acordado hasta que todo esté acordado” como si lo acordado en el tiempo de negociación en un momento determinado por la negativa de alguna de las partes careciera de sentido, y aquella de que es la población civil la que refrendará el acuerdo. Obviamente hay que anotar que los tiempos de un gobierno como el del presidente Santos son mínimos para una negociación con un grupo como las Farc-Ep que han trascendido el tiempo de tantos otros gobiernos atrás, y cuya lógica, no es la del kairós (“el momento oportuno”) sino del Cronos (“el momento indeterminado”).

El anhelo de paz de los ciudadanos, más allá de ser expertos en resolución de conflictos, de cálculos de tiempos mediatos e inmediatos, es simplemente el de vivir una especie de paz duradera, no a la manera del racionalismo Kantiano, sino desde la cordialidad y la fraternidad, utilizando una de las tantas ideas de la tragedia de Las Suplicantes Es brevísima la vida y es deber pasarla tan plácidamente como sea posible, eximida de vicisitudes”.

La paz que se busca no sólo debe parir del desarme, desmovilización y reinserción de éste grupo armado al margen de la ley, sino de todos los actores armados que encuentran insertos en el conflicto, actores que deben de someter sus intereses pecuniarios y su idea de refundar el Estado en cada negociación, con la idea de democracia y de Estado que ellos prefieren.

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