¿En que va la ley de víctimas?

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EGPor: Esteban González Jiménez

La lucha por la tierra se ha convertido en un elemento constante de la historia de Colombia desde mucho antes de la

constitución de la República hasta nuestros días y es justamente en esa lucha interminable, que el conflicto armado y la violencia en Colombia han encontrado un campo expedito y fecundo para expandirse a sus anchas y regar los campos de tierra labrantía con ríos de sangre y de lagrimas.

Como un intento de superar el interminable conflicto y la violencia histórica en Colombia, apareció hace un año la “Ley de víctimas y restitución de tierras”, un proyecto ambicioso y sin precedentes en el país debido a la integralidad con que pretende abarcar las posibles soluciones al conflicto armado, pero al mismo tiempo polémico y controversial por los riesgos y los costos que implican una iniciativa de semejante envergadura.

Casi un año después de la sanción de dicha ley y seis meses después de haber entrado en vigor, es pertinente plantearse algunas preguntas fundamentales: ¿Cómo se han desarrollado los procesos de reparación y restitución desde el 1° de Enero del 2012 hasta hoy? ¿Cuál es el estado actual de la ley de víctimas teniendo en cuenta las condiciones del conflicto armado? ¿Se están cumpliendo a cabalidad los principios de Justicia transicional y gradualidad en el marco de dicha ley? Veamos un poco el panorama que se nos presenta.

El primer semestre desde la entrada en vigor de la ley de víctimas termina con un primer balance de optimismo moderado, la preocupación por la seguridad de los reclamantes y la alerta frente a la crítica por la dificultad en el acceso de las víctimas a los sistemas de información que dispone la ley.

La sesión de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, liderada por el senador Juan Fernando Cristo, emitió en Abril un primer informe en el que constata que se está realizando un trabajo serio y organizado en las tareas que adelanta la Unidad de Restitución de Tierras, la cual en tres meses de aplicación de la norma ha realizado la apertura del trámite de más de 10 mil solicitudes de restitución que suman en total más de 800 mil hectáreas de tierra que sería entregada a las víctimas del conflicto armado; según el mismo informe, se han abierto oficinas de atención a las víctimas alrededor del territorio nacional y se han iniciado los procesos de restitución en departamentos de la costa atlántica como Bolívar y Magdalena y se prepara la intervención en otros departamentos como Tolima, Norte de Santander, Meta y Antioquia.

Por su parte la Comisión de Reparación no se muestra tan optimista y hace énfasis en la insuficiencia del presupuesto asignado a la Entidad de Memoria histórica, que tiene a su cargo tareas como recibir las declaraciones de verdad de los desmovilizados paramilitares y diseñar el Museo de la Memoria, entre otros.

El informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, al igual que los medios de comunicación, está de acuerdo en afirmar que la gran amenaza de dicha ley podría materializarse en la re-configuración del conflicto armado y la alerta por la seguridad de las víctimas reclamantes; Una denuncia del Representante Iván Cepeda, confirma por ejemplo la presencia de “Ejércitos anti-restitución” en más de 400 municipios en los que se adelantan tareas de devolución de tierras, como producto del rearme de grupos de autodefensas y pactos de quienes hoy son ocupantes de los terrenos que serán restituidos.

La denuncia del Polo democrático, coincidió a su vez con la amenaza de varios líderes reclamantes y con la condena del asesinato de un líder de tierras a manos de grupos de desmovilizados de las autodefensas en abril del presente año.

La comisión de seguimiento concluyó frente a éstos y otros hechos la necesidad de insistir en el tema de la seguridad de las víctimas, del cual deben participar organismos como la Fiscalía,  la Agencia Nacional de Protección de Personas, el Ejército Nacional y las organizaciones de víctimas que han sido amenazadas.

En lo referente a los sistemas de información y a los mecanismos procedimentales a los que deben recurrir los reclamantes también se ha generado polémica a partir de las denuncias de la procuraduría sobre la complejidad de los formularios y las múltiples fallas en el Registro Único de Víctimas, que según el Procurador Alejandro Ordoñez “constituyen un cuello de botella para el registro de las víctimas si no se toman los correctivos apropiados”

Otras polémicas que se han levantado en estos seis meses de aplicación de la ley han corrido por cuenta de los costos de la capacitación de los jueces en una materia tan nueva en Colombia como la de la Justicia Transicional, la exclusión de los afectados por minas anti-persona en la Ley de víctimas y en de manera general los tres artículos que fueron demandados ante la corte constitucional: el 3° Sobre la definición de “Víctima”, el 75° que versa sobre el límite de la fecha de despojo (1° de enero de 1991) y el 44° sobre la limitación a los honorarios de los abogados representantes de víctimas.

En conclusión, aunque todavía es prematuro emitir un juicio sobre el fracaso o el éxito de la ley de víctimas y restitución de tierras, es válido afirmar que va por buen camino, pero también es evidente que aunque ya se ha puesto en marcha y en algunos aspectos ha sido bastante eficaz, hay temas en los que necesariamente deben realizarse modificaciones  si se quiere garantizar el buen curso de la ley en los próximos años y el logro de la meta que se ha planteado el Gobierno Nacional de llegar a la materialización de las 160 mil restituciones.

 

 

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