Colombia 2002 - 2012: Elementos para el análisis de una década

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f1Por: Rogelio Palacio Monsalve

Los tiempos de transición en los diferentes contextos del acontecer social resultan ser siempre propicios para adelantar ejercicios

analíticos de coyuntura, en tanto permiten estructurar juicios de valor no sólo sobre los resultados alcanzados en los procesos que retrospectivamente han sido desarrollados sino igualmente respeto de los faltantes que han quedado en evidencia, lo mismo sobre las expectativas que empiezan a develarse en las nuevas dinámicas en marcha. A continuación se mencionan de modo muy sucinto algunas ideas tanto sobre los dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) como sobre lo que va del actual gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014)

De los dos períodos de gobierno del ex-presidente Uribe bien vale la pena resaltar el gran consenso entre la mayoría de los analistas de opinión pública sobre los  resultados positivos de la política de Seguridad Democrática, especialmente en lo atinente al cambio en la relación de fuerzas entre el Estado legítimamente constituido y la acción de los grupos insurgentes que han venido entrando en los últimos tiempos en un proceso acelerado de degradación de su pretendido “proyecto político”, para terminar, de acuerdo con el tipo de acciones que  llevan a cabo, incursionando en un terreno más próximo a la “delincuentización” y el terrorismo, en estrecha connivencia con el narcotráfico. Basta remontarse al comienzo del año 2002 y recordar el triste final del proceso de conversaciones entre el gobierno de Pastrana y las FARC para tener como punto de referencia el grado de debilitamiento y de impotencia al que había llegado el Estado Colombiano en la confrontación política y militar con los actores levantados en armas contra el orden establecido.

Frente al rechazo por parte de los grupos insurgentes (FARC y ELN) de la oportunidad histórica para buscar una salida política al conflicto armado que por tantos años el país ha tenido que sufrir, con todas las consecuencias y desgastes que el mismo ha implicado, y colocados obstinadamente de espaldas al devenir de los procesos históricos que mostraron hasta la saciedad el fracaso de las experiencias  socialistas de corte “marxista”, vividas por otros pueblos a lo largo del siglo pasado, el Estado no tuvo más alternativa que recuperar con firmeza y carácter el imperio de la ley y el monopolio de la justicia y de la fuerza y cumplir con la función más importante que le asigna la Constitución de amparar y garantizar la vida y seguridad de los asociados, en muchos casos indemnes  y a merced de la acción irracional y brutal de la insurgencia, que en la mayoría de los casos ni siquiera ha tenido el más mínimo respeto y acatamiento de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario.

Nunca como en la pasada década fue tan contundente, radical, decidida y sostenida la voluntad política del Estado Colombiano para emprender la única opción que le quedaba: enfrentar militarmente con toda su legitimidad, legalidad y capacidad a los diferentes actores armados.

Con el significativo avance alcanzado hasta hoy por la política de Seguridad Democrática (que no tiene “apellidos”, en tanto tiene la impronta de ser una política de Estado por mandato constitucional y no puede, por consiguiente, depender de los vaivenes o veleidades del gobernante de turno) se ha logrado generar un clima de mayor confianza y positivismo en los diferentes campos o esferas de la vida nacional: un crecimiento promedio del PIB para toda la década cercano al 6%, cifra que no se había alcanzado en los últimos cuarenta años; una inversión extranjera que en el 2008 (año de la gran crisis económica mundial) sobrepasó los 9.000 millones de US y en los dos años siguientes, con montos muy similares; una tasa de inflación controlada y ajustada a las metas señaladas por la Junta directiva del Banco de la República, con tendencia a la baja, fluctuando en una escala entre el 3 y el 5%.

Igualmente es constatable un mejoramiento importante en relación con los compromisos del Estado respecto a la ampliación de la cobertura en educación básica primaria que hoy supera el 90% (muy cerca  de cumplir con los objetivos del milenio en esta materia), en educación básica secundaria que está llegando al 80% y con un destacable repunte del 35% en educación superior; un esfuerzo sobresaliente en la universalización del acceso a servicios de salud que en la actualidad permite atender a más de 40 millones de colombianos (incluyendo los regímenes contributivo y subsidiado), aunque la calidad aún no sea la mejor por las deficiencias estructurales que arrastra de tiempo atrás todo el sistema; una atención sostenida y con tendencia creciente de los programas de asistencia social a los más desprotegidos de la población como “familias en acción”, “familias guardabosques”, “desplazados por la violencia”, que a pesar de que no logran generar condiciones de inserción a la base productiva para remover estructuralmente las causas de la exclusión y la marginación como sería lo deseable, contribuyen, sin embargo, a mitigar y contener, de manera temporal la profundización de la brecha social y atender las necesidades primarias de vastos sectores deprimidos socialmente.

Son estos algunos de los resultados obtenidos que, a modo de ejemplo, dejamos enunciados para demostrar la relación de causalidad entre la política de Seguridad Democrática implementada por el presidente Uribe y el contexto proclive al desarrollo que ella ha propiciado.

Sin embargo, y con todo lo positivo de la gestión llevada a cabo, no se puede dejar de lado la observación crítica sobre algunos de los aspectos deficitarios y las falencias que han quedado en evidencia en el anterior ejercicio de gobierno: la urgencia de aumentar, año tras año, el presupuesto del Ministerio de Defensa para cumplir con el propósito de atender el accionar militar del Estado frente a la insurgencia, en un país con limitados recursos, implicó la postergación de la priorización del presupuesto nacional en la inversión social, de tal manera que se pudiera focalizar, con mayor contundencia y eficacia, la atención a los verdaderos problemas estructurales del país, aún sin resolución. Por vía de ejemplificación, basta con citar que del presupuesto nacional, en el año 2010, se asignaron 26 billones de pesos para el Ministerio referenciado, mientras que para el sector educativo se destinaron 21 billones.

Como acertadamente lo plantea Manuel Castells, el gran drama para los países de América Latina es que sin haber resuelto los “viejos problemas” (empleo, educación, salud, vivienda, cultura) hoy se ven enfrentados a los “nuevos problemas”, que no dan compás de espera (modernización tecnológica, aumento de la productividad y la competitividad, inserción en el mercado mundial, por solo citar algunos) y para Colombia, la situación es todavía mucho más grave, en tanto continúa enfrentando el problema del conflicto armado interno que se sigue extendiendo y complejizando en el tiempo, con la irrupción en la actualidad de un fenómeno desbordado como las bandas criminales (BACRIM), en estrecha alianza con los narcotraficantes, sin alcanzar a ver aún “la luz al final del túnel”, mientras la mayoría de los países de la región ya lograron superarlo, bien por la vía de la represión militar, bien por la vía de la negociación política.

A esto hay que sumarle una sombra que aparece al final de su mandato como es el asunto bastante turbio de los “falsos positivos”, igualmente el tema de las “chuzadas por parte de organismos de seguridad del Estado como el DAS” a magistrados de las diferentes Cortes, a líderes de la oposición y a periodistas que asumieron una posición crítica e investigativa frente a los actos de gobierno y de algunos de sus familiares y funcionarios más cercanos y, mucho más atrás, el espinoso y aún no resuelto asunto de la “yidispolítica”, con motivo del proceso reeleccionista llevado a cabo en el año 2006. No menor resonancia alcanzó la altisonante disputa del gobierno con la Corte Suprema de Justicia, que incidió de manera inaudita y lamentable en el desarrollo de las relaciones respetuosas, interdependientes y armónicas que deben existir entre las diferentes ramas del poder público.

También cabe una profunda y exhaustiva evaluación de lo que ha sido hasta el presente el proceso de aplicación de la ley de Justicia y Paz (975 de 2005), marco jurídico aprobado por el Congreso Colombiano para la regulación y el direccionamiento de la desmovilización de los actores armados, muy especialmente de los grupos paramilitares, porque no parece haber congruencia entre los resultados presentados y las realidades que hoy se constatan directamente relacionadas con tal fenómeno y tampoco mucha claridad sobre algunos de los procedimientos institucionalmente utilizados para llevar a cabo tal desmovilización.

En el momento actual estamos llegando casi a la mitad del gobierno del presidente Santos, que desde el inicio bajo el lema “Progreso para todos”, suscitó un cierto aire, que sin indicar necesariamente que todo “camina sobre ruedas”, si seguía el aforismo popular, según el cual “escoba nueva barre bien”. Es pertinente señalar algunas de las expectativas que se han generado hasta el momento en su gestión.

Es conveniente empezar afirmando que el actual presidente de los colombianos no es una réplica o “clon” del ex-presidente Uribe como algunos analistas de opinión, muy cercanos a su proyecto político, lo sugirieron, más por razón de las nostalgias represadas o contenidas ante la negativa de la Corte Constitucional de refrendar la ley de convocatoria a un referendo que abría la posibilidad de su segunda reelección, que por la convicción de que con Juan Manuel Santos se aseguraba la continuidad de las tesis y líneas centrales del partido de la “U” y de los demás partidos de la coalición uribista. Con el transcurrir de esta primera mitad de la nueva gestión este presupuesto ha sido corroborado. Lo que se viene constatando es que frente a la “inelegante” y muy cuestionable, por decir lo menos, actitud del ex-mandatario de transcribir en las redes sociales una serie de comentarios sobre decisiones y actos de gobierno de su sucesor, cargados de ánimo pendenciero y camorrista, con la pretensión de continuar exacerbando posiciones polarizantes y excluyentes que flaco servicio le prestan a este país, saturado a lo largo de su historia de sectarismo y dogmatismo, emerge un nuevo “estilo o talante” en el direccionamiento del Estado y el ejercicio de la gestión pública que empieza a ser reconocido tanto nacional como internacionalmente, con claridad respecto de las metas que deben perseguirse, de las estrategias que deben implementarse, con un profundo respeto hacia las diferentes instituciones del poder público y las organizaciones sociales y políticas de la vida nacional, sin apartarse de los postulados centrales que fundamentaron su propuesta para acceder a la primera magistratura de la nación pero sin reducirla tampoco a una  copia  exacta heredada del gobierno anterior.

La conformación de su gabinete; los lineamientos esbozados en su discurso de posesión; las conversaciones directas con el presidente Chávez para la reanudación de las relaciones con Venezuela, así como el impulso a los diálogos de las cancillerías de Ecuador y Colombia para el restablecimiento pleno de las relaciones entra ambos países, con la entrega del material contenido en los portátiles de Raúl Reyes, el mismo día de su posesión; la visita oficial a Brasil como jefe de gobierno con el objetivo de reabrir y “oxigenar” las relaciones con los países de la región; la responsabilidad y celeridad en la presentación de los  anunciados proyectos de ley al Congreso de la República sobre la reparación a las “víctimas de la violencia”, la recuperación de “tierras” para los campesinos desplazados forzosamente por el conflicto armado, la creación de los nuevos “ministerios” y el refuerzo de nuevas estrategias para atacar el problema de la corrupción, la reciente realización en nuestro territorio de la Cumbre de las Américas que reafirma el liderazgo que ha demostrado en la región, son algunas pruebas fehacientes que evidencian la presencia de un gobierno con una perspectiva diferente, contrastable con el enfoque de micro gerencia que dominó en el período inmediatamente anterior, con personalidad propia, con capacidad para reconocer lo bueno que se hizo hacia atrás pero, igualmente, con competencia para determinar y afrontar las nuevas prioridades que está demandando el país en este momento, el cual atravesó por una ola invernal de implicaciones en todos los órdenes, especialmente en la parte social y económica, que rayan en catástrofe y que obligó a posponer la puesta en marcha de las cinco “locomotoras” (infraestructura, vivienda, política agraria, minería e innovación), presupuestos fundamentales de lo que se ha llamado la “prosperidad democrática”

Es destacable, de manera muy especial, su convocatoria a trabajar en el marco de lo que ha denominado “la unidad nacional” o que en palabras del extinto líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en su momento llamó “acuerdo para lo fundamental”. De mucho tiempo atrás lo que nuestro país ha venido reclamando con insistencia es la necesidad de trabajar mancomunadamente, integrando sinergias, generando interlocuciones que enriquezcan la comprensión de nuestros estructurales problemas y especialmente consensuando las soluciones que estos demandan. Las actitudes y posiciones polarizantes, excluyentes, cerradas, intolerantes, sesgadas, finalmente, terminan profundizando los males de la sociedad y poco aportan a la generación de un pensamiento asertivo, propositivo, constructivo, por parte de los distintos sectores de la vida nacional.

Es interesante la reivindicación y validación que el presidente Santos ha hecho de las tesis del Polo Democrático sobre el asunto no resuelto de la tierra en Colombia o el tópico grave de las víctimas de la violencia, expuesto por el Partido Liberal  o la importancia de asignar nuevos y mayores recursos para lo concerniente al tema de ciencia y tecnología, esbozado por el Partido Verde. Lo que precisamente  a propósito de estas problemáticas álgidas del desarrollo nacional se viene constatando no es tanto la posibilidad de llegar a concertaciones con las distintas fuerzas políticas del país pues los hechos han demostrado que con clara voluntad política pueden concretarse importantes acuerdos al respecto sino, por el contrario, la pervivencia de algunos grupos “agazapados” de poder que siguen resistiendo y entorpeciendo los procesos de transformación y cambio que el Estado intenta decididamente llevar a cabo.

El planteamiento de la unidad nacional como propuesta política no significa, de ninguna manera, homogeneizar las diferentes corrientes y posiciones ideológicas de los partidos políticos, no implica el desconocimiento de las diferencias que son consubstanciales a la construcción de democracias maduras, no busca cooptar a los antagonistas políticos para recortar y limitar su capacidad de oposición crítica al proyecto político del mandato de gobierno vigente, es, ante todo, colocar los intereses del país por encima de las caudas o “grupúsculos” partidistas y convocar, más que a los caudillos o jefes de tales grupos, a las ideas o tesis más relevantes que puedan abrir camino en la solución de nuestros problemas más acuciantes.

El partido ha comenzado, se han logrado concretar varias jugadas ofensivas que requieren de un juego más elaborado y ajustado para conseguir los fines esperados. También se ha estado muy cerca de materializar algunos “autogoles”, como el intento “fallido” de eliminar por parte del Ministerio de transporte el asunto concerniente a los fletes, con una supuesta positiva intencionalidad de mejorar los términos de competitividad de nuestra economía y para cumplir con algunas exigencias que nos han impuesto algunas organizaciones internacionales en las que queremos entrar como es el caso de la OCDE. Igualmente la propuesta de reforma a la ley 30 de Educación Superior, buscando una actualización de este sistema tan importante de la vida nacional a las nuevas condiciones y exigencias del siglo XXI, ha resultado bastante controvertida y resistida. En estos dos  casos cabe llamar la atención  sobre la falta de concertación previa con todas las partes interesadas sobre estos tópicos que ha puesto en serias dificultades su posibilidad de materialización, a pesar de la conveniencia que finalmente pueden llegar a tener en relación con el ajuste del país a las nuevas realidades en desarrollo.

Por último es pertinente señalar que se requiere un seguimiento juicioso, sereno, crítico del desarrollo de la gestión de gobierno que está en marcha y muy especialmente se exige la participación decidida y proactiva de la sociedad civil que no puede continuar expectante esperando que del “cielo llueva café”.

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