La corrupción como desajuste en la totalidad sistémica de la sociedad

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omarPor: Omar Arango Otálvaro

 

La sociedad representa una unidad funcional definida como formando un sistema.

Aceptar la explicación de los hechos sociales en sus niveles de desarrollo por su función, así, por ejemplo, el pago de impuestos por parte del ciudadano al estado, representa una muestra de cooperación en la medida en que la sociedad existe para las personas , pero en tanto el impuesto es un aporte, las demás funciones de los hechos también lo son y en rigor, están ligados unos a otros cuya unidad es captada en el sistema formando un todo equilibrado preservándolo de perturbaciones. Así, pues, mediante la aportación que las partes hacen al todo la sociedad subsiste, sin embargo, esta visión estructuralista no considera la noción de disfunción, así, por ejemplo, apropiarse los dineros de los impuestos por parte de un funcionario público, lo que expresa una perturbación que origina el desequilibrio del saldo neto de la supervivencia de la sociedad; dicho de otra forma, no es una afirmación exacta postular que el todo tiende a perpetuarse tal cual es evitando las perturbaciones porque sus partes cooperan de manera solidaria. En tal estado de cosas, el acto de apropiación es corrupto y es disfuncional.

Las instituciones tanto públicas como privadas funcionan con base en la ideología. Están constituidas por normas reguladoras a las que debe sumarse la presencia eficaz de la ideología en su seno. La ideología no debe tomarse sólo como una representación imaginaria de los hombres. Tiene una existencia material fundada en un sistema de valores universalmente aceptados, correspondiendo su práctica a las actitudes y comportamientos de los hombres. Las maneras de obrar que caracterizarían una conducta en el cumplimiento de una función están relacionadas con la ideología, la que a su turno, está en relación con los actos materiales de la conducta.

Frente a la presencia de actos materiales insertos en prácticas que no se inscriben en una orientación normativa, así, por ejemplo, “el peculado por apropiación en beneficio de terceros” o “la celebración indebida de contratos”, ¿qué ruta debe seguir el razonamiento anterior? Las prácticas anteriores y otras que citaré, deben ser entendidas como comportamientos que desorganizan las funciones naturales y absolutamente normales de la parte en el todo, por tanto, son maneras de obrar de modo distinto a los estándares normativos del sistema, son maneras de obrar contrarias a una ideología moral, son una contra ideología.

El enfoque sistémico entiende la sociedad como una totalidad, como un conjunto de instituciones ligadas unas a otras, de allí que la ideología esté relacionada con la política. La política nace para ocuparse de los intereses colectivos, del interés público. Esta misiva debe gozar de un impulso permanente, pero ¿con arreglo a qué lógica se produce una subordinación de los intereses colectivos a los intereses privados?, más allá, ¿por qué la corrupción es el usufructo de los bienes y del erario público para beneficiar intereses de grupos? ¿Cuál es el sentido de la política de estos grupos? Al señalar que la corrupción es una contra ideología, se evidencia que las maneras de obrar de las conductas disfuncionales de los corruptos, son contrarias a una ideología moral y es justo esa categoría de moral la que va a orientarme para abrir más las reflexiones formuladas .

La política, como los cargos públicos, son ejercidos por los individuos movidos con el fin de hacer justicia y por la prevalencia del “bien común”, sin embargo, los bajos estándares de moralidad de algunos políticos y funcionarios públicos han prendido todas las alarmas dando lugar a lo que Luis J. Garay ha llamado “la aculturación de la corrupción”, “la institucionalización de un régimen cleptocrático”. Debe preocupar que en 2013 el régimen cleptocrático le haya costado a la economía colombiana cerca de US$ 800 millones según afirmación de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción. Es más, del 91 al 2010, los costos fueron cerca de $189 billones, algo así como el 4% del P.I.B.

Esta vena abierta de las finanzas públicas en Colombia en juicio del secretario de la O.N.U. “malogra las oportunidades y crea desigualdades flagrantes. Socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados”. Dicho de otra forma, esta vena abierta vierte en los bolsillos de los corruptos, lo que significa un daño económico bastante importante para la prestación de los servicios que el estado brinda a toda la sociedad.

Una idea sumaria para continuar. No son buenas la mala política, la política corrupta, con efectos indeseables sobre el tejido social e igualmente, mala la política relacionada con comportamientos en los cuales se tiende a privilegiar la renta particular, como es lógico, también malos, contrarios al interés general, los comportamientos que en el quehacer político público, no se ajustan al compromiso, la eficiencia, la honestidad, la responsabilidad, en una palabra, a la moralidad, lo que pone en entredicho la moralización del funcionario público entendiendo moralización como la no interiorización del compromiso de su hacer. De allí, los bajos estándares de moral, moralidad y moralización que se han institucionalizado en el régimen cleptocrático.

¿La moral, la moralidad y la moralización son reductibles al plano de lo subjetivo y lo arbitrario? De otro modo, ¿las conductas morales son individuales o sociales? ¿la moralidad o el compromiso, la eficiencia, la honestidad y la responsabilidad no obligan en el quehacer público? La moralización en tanto adquisición de compromisos honestos, ¿no obligaría al servidor público a presentar resultados o alcanzar logros en la construcción de una sociedad más justa? Estos interrogantes pueden abordarse desde el nivel individual y el nivel social.

El nivel individual corresponde a las conductas que asume cada individuo con logros para el beneficio propio o general; por su parte, el nivel social se refiere a las maneras de obrar, a los valores como la honestidad, el compromiso y el aprendizaje de ellos para alcanzar la armonía social. Son externos al individuo, se imponen con absoluta necesidad. En consecuencia, La moral, la moralidad y la moralización son sociales.

En estas circunstancias, el rentismo corrupto como “reproducción de prácticas impuestas por grupos poderosos en usufructo de su privilegiada posición en la estructura política y económica del país, para la satisfacción egoísta y excluyente de intereses propios a costa de los intereses del resto de la población y sin una retribución a la sociedad que guarde proporción a los beneficios capturados para provecho propio” se aparta del nivel social, por tanto, para estos grupos no debe existir un lugar en la sociedad. Sus maneras de obrar, así, por ejemplo, adjudicar compras asignadas a amigos o a contratistas o proveedores que ofrecen prebendas, subordinan los intereses públicos y colectivos a los intereses privados y egoístas, subordinan las instituciones y la política entendidas como “sujeto de la justicia” a fines injustos, esto quiere decir, utilizar la política como fuente de enriquecimiento ilícito, hacer uso descarado del poder para llenarse los bolsillos de todo “el oro de Babilonia”.

Ningún país en los diferentes mundos está a salvo en la vida política contemporánea de tener prácticas corruptas . Situándome en los acontecimientos históricos de Colombia se tienen los siguientes datos: Foncolpuertos costó, según la fiscalía, 1.5 billones de pesos y $ 300.000 millones se perdieron en el sector eléctrico en diez entidades oficiales. El ex fiscal Gómez Méndez en un informe que presentó a la Corte Suprema de Justicia, citado por el periodista Gómez Velásquez, expresa, “la situación no puede ser más dramática. Basta con comparar el déficit fiscal del país que, para 1989, estaba calculado en $ 5 billones, con la pérdida, por causa de la corrupción, de entre $ 7.4 y $ 20 billones en el lapso de 1994 a 1998”.

Este informe de la fiscalía ratifica lo que he sostenido en este texto cuando agrega que la corrupción involucra conductas como el desconocimiento de la ética, de la normativa institucional y del orden de las instituciones públicas.

Para 2013, el barómetro de corrupción de Transparencia Internacional, presentó los países más y menos corruptos del mundo. Más corruptos: Sierra Leona, Liberia, Yemen, Kenia, Zimbabue, Libia, Mozambique, Camerún, Uganda, Camboya y Senegal. Menos corruptos: Japón, Finlandia, Dinamarca, Australia, España, Uruguay, Corea del Sur, Portugal, Noruega y Nueva Zelanda. Para América Latina, Chile es el menos corrupto, Haití el más corrupto. Colombia ocupa el 5 puesto y el 74 a nivel mundial. Según “Dinero” la corrupción sigue reinando en Colombia. De acuerdo con el informe de Barómetro de las Américas en mayo de 2015, el país se destaca en la región por este flagelo. Según los datos de la firma, las cifras en el país ascienden a 79.6 puntos, en una escala de 0 a 100, siendo el segundo país con mayor corrupción entre 25.

Hablar de la forma como se roban el dinero en Colombia lleva a pensar en nombres como Emcali, Dragacol, Chambacú, Iss; en obras fuera de lógica como una piscina de olas en Arauca donde no había acueducto o velódromos donde no hay ciclistas. Para el vicecontralor, en 2013, la corrupción le costó al país 1.6% del P.I.B., algo así como 14 billones de pesos. En Colombia los casos más sobresalientes de corrupción con sus costos aparecen así: AIS $12.700 millones; Enerpereira $ 64.700 millones; Coomeva e.p.s. $ 146.900 millones; recursos parafiscales de la salud $224.000 millones; Caprecom $559.500 millones; Ips no habilitadas $ 943.900 y Salud coop e.p.s. $1.7 millones. Toda esta información deja a las claras la picaresca infamia de “la moral política” de los disfuncionales.

En Colombia se tienen establecidos diferentes organismos de control contra el fenómeno de la corrupción, son ellos: La Contraloría General de la República, la Procuraduría general de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, pero también existe otra generación de control sobre las estructuras de la administración pública diferente a los entes estatales. Son esas herramientas: el control social, el control jerárquico, el control de tutela, el control interno, el control político, el control ejercido por los medios de comunicación. El control y la vigilancia a los administradores del patrimonio público se hace mediante el estatuto anticorrupción. La magnitud de la corrupción desembocó a que en febrero de 1998 se creara la unidad nacional de delitos contra la administración pública dependiente del fiscal general.

Con este instrumento entre 1999 y 2000 la fiscalía manejó en etapa previa 626.065 investigaciones. En 2010 según el país.com.co, la fiscalía señalo que el número de posibles delitos por diversos casos de corrupción ascendió a 38.545 causas, entre los que se destacan: 3.644 procesos por peculado, 1.224 por cohecho, 1.174 por concusión y contra agentes retenedores 6.223 procesos. La procuraduría general advirtió que atiende37.533 procesos disciplinarios. Se han producido 1.094 sanciones, 452 alcaldes han sido sancionados lo mismo que 31 gobernadores. Ante este panorama el procurador Alejandro Ordoñez ha dicho que “desde luego, la corrupción ha desbordado la institucionalidad”.

El estatuto anticorrupción aprobado por el gobierno Santos no parece tener “dientes”. ¿cuál es el respeto del ejercicio de la política, cuando un perro está amarrado con longanizas? Debe preguntársele al sistema educativo , ¿qué ciudadano está formando? ¿sus profesionales son formados como garantes de la moral pública? Ser un buen funcionario público debe corresponderse con una obligación a la que deben estar subordinadas las consideraciones personales. La función pública de la persona en el gobierno representa un voto de confianza y una misión inviolable a la que la ciencia de la moral deberá prestar especial atención en el campo humanista de los currículos como un impulso del buen hacer.

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