Elecciones regionales: ¿combatir los delitos electorales o incitarlos?

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JaimePor: Jaime León Pareja Pareja



Las últimas elecciones son una muestra clara de la inmadurez moral

de nuestra democracia, la Organización Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, se jactó en forma orgullosa de lo que según ella era un duro golpe a los delitos electorales por la anulación de más de 1,6 millones de cédulas en todo el país por razones de trasteo de votos.

 

La revista Semana afirmó en su edición del 19 de octubre: “Una cifra alarmante, pues constituía el 40 % del total de cédulas inscritas para las elecciones. Nunca antes se había anulado un número tan significativo de documentos, y el hecho fue presentado por la organización electoral y el propio Gobierno como un hito en la lucha por la transparencia de los proceso democráticos”. Pero nadie hace reflexión sobre la posible triquiñuela jurídica que tal medida esconde.

 

En primer lugar, es necesario decir que es perfectamente posible que una persona cambie su lugar de residencia y/o de trabajo entre una contienda electoral y otra, y que por ello se vea obligado a cambiar el registro de su cédula para poder votar en el lugar donde en la actualidad se encuentra; para ello el Estado abre inscripciones para los procesos electorales. Muchos ciudadanos de bien nos acogimos a ese proceso pues habíamos cambiado de lugar de residencia o trabajo y permanecer en el sitio anterior de votación nos parecía deshonesto, inscribimos de buena fe nuestras cédulas, (respondiendo a nuestra autonomía, sin prebendas, sin estar respondiendo a una dádiva, sin que ningún político nos instigara hacerlo) y esperamos en forma trasparente poder ejercer nuestro derecho y deber del sufragio, pero fuimos sorprendidos no solo por la anulación de nuestra inscripción, sino también por el señalamiento y la acusación de la comisión de un delito.

 

Nos sometieron a disyuntivas morales que tienen que llevarnos a reflexionar:

 

La notificación de anulación olvida el principio elemental de la buena fe y la presunción de inocencia, sometiendo a los ciudadanos a la acusación directa de la comisión de un delito, pues la Registraduría en su sitio web no afirmaba que se anulaba por presunta trashumancia, ser era explícito y se afirmaba categóricamente que se hacía por eso, de manera que en portales web de la organización electoral un ciudadano no queda señalado de la posibilidad de estar implicado en un delito, se aseguraba la comisión del mismo. Esto expresa un elemento de inseguridad para los ciudadanos frente a las funciones del ente electoral, pues creo que se incurre en el delito de calumnia y se parte del principio de mala fe y se olvida la presunción de inocencia.

 

Por otro lado después de emitidas las resoluciones de nulidad, el plazo para hacer replicas fue mínimo y además las Registradurías municipales cerraron sus puertas en la semana previa a elecciones, con lo cual no hubo posibilidad ni de apelar ni defenderse. En la página web nos invitaban a votar en el anterior sitio de votación en donde había sido registrada nuestra cédula, lo cual se convertía, para los ciudadanos que válidamente habíamos cambiado nuestro lugar de votación, en una incitación a la comisión del delito electoral, pues si se cambia el lugar de inscripción de la cédula se hace precisamente porque ya no hay razones para votar allí (no se vive o se labora en ese municipio y por tanto nos es menester votar en otro).

 

Es inaudito que la entidad supuestamente encargada de evitar el delito del trasteo de votos me incite (con la supuesta intención de respetar mi derecho al voto) a votar en un sitio donde por mi situación actual no debería ser lícito.

 

Conviene entonces preguntarnos:

 

¿La Registraduría no debe cerciorarse primero antes de acusar? ¿Es papel de la organización electoral el acusar a los ciudadanos por la comisión de delitos electorales o es su deber establecer los mecanismos para evitar que los delitos electorales se planeen y se consumen? En una democracia madura se deben establecer mecanismos que aseguren la viabilidad de una inscripción en un determinado censo electoral, pues es muy fácil salir a bañarse de gloria con una medida arbitraria y posar de perseguidores de delitos electorales, sin cumplir la función básica de asegurar mecanismos que hagan del proceso de inscripción un proceso serio.

 

La Registraduría se defiende diciendo que cruzó información con bases de datos del Sisben y otras entidades, pero reconoce además que la información cruzada no es prueba suficiente, esto demuestra que se parte de mala fe y justamente por la ausencia de mecanismos que aseguren que le ciudadano no engaño al estado en el proceso de inscripción, responsabilidad que la organización electoral no asume y que nos la traslada a los ciudadanos de a pie.

 

Al momento de inscribir la cédula se deberían presentar documentos que acrediten la residencia en un lugar, o que demuestren un vínculo laboral en esa municipalidad y eso en la actualidad no se hace, pero si hace luego y con total desparpajo la acusación de trashumancia a cualquier ciudadano, cuando la Registraduría no tomo desde la inscripción las medidas de control suficientes, cabe entonces preguntarle al honorable concejo electoral: ¿hay ciudadanos deshonestos? Y la respuesta puede ser que sí, pero quizás la causal esta en que hay entidades ineficaces en el ejercicio de sus funciones de control para evitar la comisión de delitos.

 

Con la anulación de las cédulas se dejó prácticamente inmodificado el censo electoral anterior, con lo cual los delitos electorales de los anteriores comicios pudieron cometerse nuevamente con toda facilidad y sin embargo creemos o nos hacen creer, que estos comicios fueron más trasparentes. Quiero invitar entonces a una reflexión que vaya más allá de show mediático de las instituciones de posar de honestos y que llegue al establecimiento de medidas reales y sensatas frente a lo ético en nuestras prácticas electorales.

 

No puedo terminar este escrito sin reconocer la profunda indignación que me produce que sigamos buscando la fiebre en las sabanas y no ataquemos de frente los grandes males que aquejan a nuestro aparataje estatal en miras a una democracia transparente.


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