El matoneo, más que un pleito entre muchachos de colegio

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Por Juan José García Posada

Las recientes denuncias sobre casos aberrantes de matoneo en algunas universidades capitalinas,

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contra estudiantes matriculados en desarrollo del plan denominado Ser pilo paga, dejan en evidencia que las prácticas intimidatorias y excluyentes no son exclusivas de la educación primaria y media, como se ha creído, sino que afectan la estabilidad emocional de jóvenes que han superado la adolescencia y el clima organizacional de establecimientos en los cuales ese problema se detecta con frecuencia aunque permanece latente y sin solución a la vista.

El acoso escolar tiene similitudes con el acoso laboral, por la naturaleza y las características de ambos modos de obrar. Los dos lesionan la autoestima de las víctimas, causan inhibición para actuar, frenan el trabajo productivo y crean situaciones contrarias a mínimos cánones de equidad y respeto por la dignidad de las personas. Las diferencias entre uno y otro pueden captarse al hacer una lectura comparativa de las dos leyes que los regulan y prescriben los procedimientos conducentes a prevenirlos y sancionarlos. Se trata de la Ley 1010 de 2006 (contra el acoso laboral) y la Ley 1620 de 2013 (contra el acoso escolar) y su decreto reglamentario 1965.

En las dos situaciones, a las que se suma el matoneo en el entorno universitario, se altera el equilibrio en las relaciones entre jefes y subalternos, compañeros homólogos y subalternos y jefes. El matoneo (y trato de evitar al máximo el término bullying) se efectúa en esas tres formas de interacción y las convierte en dominio y dependencia de victimarios y víctimas, en forma respectiva.

Es deseable que los dos ordenamientos legales hayan contribuido a disuadir a los perpetradores de acoso o matoneo. Es imposible establecer si esa forma de atentado contra la integridad personal ha disminuido, tanto en los centros educativos como en las empresas. Puede suceder que ambas leyes tengan sólo una eficacia simbólica. Que se cumplan y surtan los efectos esperados depende, en primer término, de que los comités de convivencia establecidos para asegurar un régimen de garantías que reivindique los derechos de las víctimas sí funcionen como se ha propuesto el legislador en atención al clamor general.

En realidad se trata de costumbres tan inveteradas como la de los castigos de dolor y otros métodos proscritos hoy en día por la pedagogía. La malicia y la mala fe siguen operando en forma impune. Siempre habrá la posibilidad de que los victimarios utilicen coartadas para eludir la acción de los organismos responsables de investigarlos y buscar la aplicación de sanciones condignas. Y a la utilización de toda clase de subterfugios y engaños por los transgresores se suman el miedo, la pusilanimidad, la falta de coraje y el silencio que impiden las denuncias y hacen nugatorio cualquier esfuerzo razonable por erradicar esa forma de violación de los derechos humanos.

Las noticias sobre matoneo en instituciones universitarias generaron una onda expansiva en las llamadas redes sociales. Abundaron las referencias a hechos más o menos conocidos, las comparaciones con episodios similares y las denuncias sobre situaciones que muestran una realidad preocupante incluso en ámbitos académicos y científicos en los cuales deberían observarse normas de ética docente e investigativa que preceptúan el colegaje y el respeto por el trabajo intelectual. Por supuesto que en algunas ocasiones se citaron casos imaginarios o se incurrió en exageraciones. Sin embargo, sí se reveló un estado de malestar que despierta natural intriga entre los responsables de la dirección institucional y los miembros de los diversos estamentos de las comunidades universitarias. Que hay matoneo, favoritismo excluyente, conductas persecutorias, graves violaciones de la dignidad humana, es algo que puede estar no sólo en el imaginario de profesores, estudiantes y directivos, sino incluso en sus convicciones íntimas. Pero en buena parte de los casos no trasciende la esfera de lo indemostrable, por carencia de elementos probatorios.

Los victimarios, gracias a la altura de su estatus administrativo e intelectual, suelen obrar con suma sutileza, con habilidad casi magistral, de tal modo que se amparan en la capacidad histriónica para simular ecuanimidad y transparencia, en el prestigio y la credibilidad que han acumulado ante sus superiores, colegas y subalternos y en el miedo y la ausencia de coraje y valor civil de sus víctimas. El uso tiránico del poder que se aplica en contra de los acosados para someterlos a una presión extorsiva con aprovechamiento inicuo de su necesidad de trabajo y su temor a sufrir represalias, es factor que estimula la comisión del daño moral, que tal vez sigue extendiéndose por encima o al margen de las leyes, de los códigos de buen gobierno y de los valores y principios éticos.

Algún avance se ha alcanzado en nuestro país, gracias a la vigencia de leyes como las citadas, todavía frescas y recientes, pues no han cumplido el decenio. Sería interesante un trabajo dirigido a evaluarlas y medir sus efectos preventivos, punitivos y vindicativos. Los investigadores y estudiosos de la materia tienen la palabra. Hay instrumentos jurídicos por medio de los cuales pueden garantizarse los derechos vulnerados por los acosadores, perseguidores y matones agazapados. No obstante, se mantiene la misma incógnita: ¿Cómo asumir de oficio una investigación por presunto matoneo si las víctimas y los posibles testigos optan por guardar silencio y abstenerse de presentar las correspondientes denuncias? Lo cierto está en que el matoneo en las aulas es mucho más que un asunto conflictivo entre muchachos de colegio.

 

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