Cuatro razones en contra de la ley de Eutanasia

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Por: Jorge Merchán Price*

Por las siguientes cuatro razones, es la obligación moral y jurídica del Honorable Congreso de la República de Colombia desoír

la sentencia C-239/97 como fundamento para legislar sobre la eutanasia.


En primer lugar, la sentencia C-239/97 solo demuestra, desde un punto de vista estrictamente jurídico y constitucional, que las personas pueden dejarse morir o que, por otro lado, pueden ellas mismas quitarse la vida, pero de ninguna manera logra demostrar que terceras personas tengan un “permiso constitucional” para matarlas. Se equivoca gravemente la Corte, y en especial el Dr. Carlos Gaviria, al afirmar que si una persona renuncia a su derecho a la vida, entonces el Estado ya no está en la obligación de protegerle ese derecho. Olvida la Corte que la renuncia a ese derecho solo es válida para el renunciante mismo, pero no es válida ante terceras personas ni ante el Estado y por eso ninguno de ellos puede matarla. Si lo que la Corte afirma fuera cierto, y no lo es, entonces  quien renunciara a su derecho fundamental a la libertad podría ser esclavizado por las demás personas. Pero no pueden esclavizarla porque, aunque esa persona lo pretenda, la Constitución  prohíbe la esclavitud. Ella puede legítimamente actuar como esclava, pero no puede ser esclavizada. Y no es lo mismo. Una cosa es amar y otra muy distinta es amar con un revolver en la cabeza. Y es en ese mismo sentido que debe entenderse el derecho a la vida y su carácter de inviolabilidad. Las reflexiones del Dr. Carlos Gaviria son un atentado mayúsculo contra el espíritu integral de nuestra Constitución.


En segundo lugar, la regulación no es necesaria en pacientes terminales conscientes porque quien realmente quiere la eutanasia puede libremente rechazar cualquier tratamiento y simplemente dejarse morir por inanición: es seguro, es eficaz, es indoloro, y en condiciones verdaderamente terminales y con cierta y prudente sedación, el proceso solo durará unos pocos días. No hace falta,  abusivamente, poner a terceras personas a matar.


En tercer lugar, la regulación no es necesaria en pacientes terminales inconscientes porque en ellos no aplican los estrictos requerimientos que puso la corte para la eutanasia. En estado de inconsciencia simplemente no se da el concurso libre del sujeto pasivo.


Y en cuarto lugar, porque quien legítimamente rechaza los tratamientos médicos no está solicitando ninguna eutanasia ni tampoco se está “eutanasiando” él mismo; ha decidido libre y legítimamente “entregarse” al curso natural de su enfermedad y muere como consecuencia de ella. El concepto de Eutanasia hace estricta referencia al acto que causa directamente la muerte de un enfermo terminal que entonces muere, no como consecuencia de su enfermedad terminal, sino como consciencia directa del acto homicida. Y ello es abiertamente inconstitucional porque el homicidio eutanásico es un homicidio directo que, por ser tal, está proscrito por la Constitución. Las excepciones al Artículo 11 que constantemente se mencionan (matar en defensa propia, los soldados que van a la guerra, etc.) con la soterrada intención de validar el homicidio eutanásico como una de ellas, son todas homicidios indirectos que constituyen excepciones legítimas al Artículo 11 porque son la consecuencia indirecta de la norma misma. Es con base en el Artículo 11 que cualquier persona tiene el derecho de defender la inviolabilidad de su derecho a la vida y como consecuencia indirecta de ello el agresor muere. El homicidio eutanásico no cumple con esa condición y por lo tanto no puede entenderse ni validarse como una de ellas. Es un homicidio directo que groseramente viola la Constitución y viola también el espíritu integral que la define como el estandarte último y supremo en defensa del valor de la vida.

 

 

*Cirujano general Pontificia Universidad Javeriana.

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