¿Es necesaria una reforma al artículo 11 de la Constitución?

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GN2Por: Gloria Patricia Naranjo Ramírez

En Colombia el año pasado se planteó el debate sobre la necesidad de modificar el artículo

11 de la Constitución Nacional que señala “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, pues a raíz de la sentencia C-355 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional despenaliza el aborto en tres circunstancias, el derecho a la vida ha empezado a tener excepciones en su aplicación, en un abierto desconocimiento a la cosa juzgada constitucional material, a los antecedentes mismos del artículo en mención y a los tratados internacionales ratificados por el Congreso de la República en materia de DDHH.

En relación con la cosa juzgada constitucional material, es necesario recordar que ya existía pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional en materia de aborto (Sentencia C-133 de 1994 y C-013 de 1997), y el contenido material de las normas acusadas y las declaradas exequibles por dicha Corporación, en su momento, eran las mismas tanto en el antiguo Código Penal (Ley 100 de 1980) como en el que está actualmente vigente (Ley 599 de 2000) y a la luz del cual se produjo la sentencia en cuestión.

La Corte Constitucional ignoró que en el primer trimestre de 1991, en pleno debate alrededor de la reforma constitucional, se discutió “la libre opción a la maternidad”[1], promovida por la Red Nacional de Mujeres que se creó en ese momento para hacer lobby en la Asamblea Nacional Constituyente. Con ponencia del Dr. Augusto Ramírez Ocampo, la Asamblea Nacional Constituyente rechazó la propuesta para incluir el aborto como “derecho” en la Carta Política, tanto en las comisiones como en la plenaria y cuyos miembros entendieron que la protección de la vida incluye la del nasciturus, por eso aprobaron el artículo 11 con cero votos negativos y cero abstenciones; y consagraron el bloque de constitucionalidad pro-vida[2]. Dicho bloque constitucional pro-vida está conformado por el Preámbulo y Artículos 1, 11, 12, 13, 16, 42, 44, 93 y 94 de la Constitución Nacional. Los dos últimos porque Colombia ha suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Convención sobre los Derechos del Niño, a quien protege desde su concepción, los cuales también fueron desconocidos.

En el Informe de Vigilancia a la sentencia C-355 de 2006, presentado por la Procuraduría General de la Nación el 15 de agosto de 2010, entre el 2007 y el 2009, según datos del Ministerio de la Protección Social se presentaron 623 abortos amparados en las circunstancias despenalizadas, discriminados de la siguiente manera:

Causal 1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer: 125 abortos (20%)

Causal 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida: 382 abortos. Esto equivale al 61.3% de los abortos realizados en este período.

Causal 3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal y otras: 116 (18,7%)

Ante la despenalización del aborto en Colombia, en circunstancias especiales, queda claro que el pensamiento eugenésico que había perdido protagonismo en el país durante algún tiempo, ha resurgido con fuerza en los últimos años, a lo que sin duda ha contribuído la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, especialmente en relación con el aborto eugenésico en caso que “exista grave malformación del feto que haga inviable su vida”. De modo que sería un aborto eugenésico por piedad, evitando los sufrimientos futuros originados en la “grave malformación del feto”. Algo que no dista mucho de la eutanasia, inclusive podría hablarse de “aborto eutanásico”, aunque, a diferencia de aquella, en este caso el sujeto pasivo de la acción (el nasciturus) ni ha dado su consentimiento ni está en condiciones de hacerlo[3].

De otro lado, la Corte Constitucional de Colombia en Sentencia C-239 de 1997, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, se pronunció sobre la eutanasia y exhortó al Congreso de la República para que regulara el tema de la “muerte digna”. A partir de este fallo, en varias oportunidades el Congreso de la República ha debatido la cuestión y ha terminado archivando las propuestas legislativas que pretendían la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Así ocurrió durante el proceso legislativo de la Ley 599 de 2000, actual Código Penal, y con los últimos proyectos de ley estatutaria que se presentaron en 2006, 2007 Y 2008, en los cuales se percibe claramente la intención de ejecutar el procedimiento eutanásico, inclusive involuntario, a quienes se considera que no tienen una vida “digna” y “con calidad”, algo que, en sentido estricto, sería un homicidio con autorización legal. Se evidencia la real intención de promover la eugenesia bajo uno de sus sofismas: “derecho a morir dignamente”, ante lo cual se estaría, sin lugar a dudas, en un Estado totalitarista. En estos tres proyectos llama profundamente la atención el afán por obligar a los médicos a certificar algo que no corresponde a la realidad, pues el médico al “firmar el certificado de registro médico eutanásico y el acta de defunción del paciente”, debía señalar “que la muerte del paciente se produjo por causas naturales”, dejando abierta la posibilidad a una práctica eutanásica masiva de seres cuyas vidas algunos no consideran dignas de ser vividas y que, además, generan un costo excesivo al sistema sanitario, situación que se complica cuando el mensaje sutil que se envía a quienes padecen una “enfermedad terminal o grave lesión corporal” es el de privar a otro paciente, con opciones de vida “útil”, de un tratamiento adecuado por falta de recursos que se “desperdician” en quien no tiene esperanza de curación.

Por lo expuesto anteriormente, la defensa de la vida de los más débiles es lo que justifica que se continúen buscando formas de blindar la vida e impedir interpretaciones que lleven a su destrucción, habida cuenta que hasta la misma Corte Constitucional a la que se le ha confiado “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” (Art. 241 C.N.) olvidó el principio de Derecho según el cual “donde la ley no distingue, no le cabe al intérprete hacerlo”, de modo que si la Constitución no distinguió entre nacidos y no nacidos se entiende que la protección es para ambos. De ahí el que algunos sectores del país consideren que, para evitar este tipo de interpretaciones, es necesario agregar al  texto constitucional que la protección a la vida se garantice desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural.

[1] Viveros, M. (1994) 1979: Un año crítico en la historia del debate sobre el aborto en Colombia.  En: Servicios y prácticas del aborto.  Encuentro de Investigadores  sobre aborto inducido en América Latina y El Caribe. Bogotá, p. 17.

[2] Corsi Otálora, C. y García Merlano, L. (2005). El genocidio que llega. Defensa del Artículo 122 del Código Penal frente a las demandas Pro-aborto que cursan en la Corte Constitucional, (expedientes 5764 y 5807). Bogotá: Ediciones Red Futuro Colombia y Ricardo Gaitán Editores Asociados, P. 30.

[3] Cf. Salvamento de voto de los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil a la Sentencia C-355/06, numeral 4.2.5.3.

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